Dicen que la credibilidad política se forja en las líneas del pensamiento y actuación de las y los líderes políticos. También dicen que la confianza en la palabra política dada se la gana día a día, pero con evidencias, con el testimonio fehaciente por delante y que por mucha asepsia de imagen que se haga con los hechos, frases y –especialmente– con ciertos políticos de turno, hay percepciones que no se pueden maquillar.

Sin embargo, en la gran diversidad de conceptualizaciones que se puedan emitir alrededor de la credibilidad política, hay una que me pareció vital, tal vez porque la siento muy cercana. Se define a la credibilidad política como la confianza ciudadana (incluso de los súbditos en las monarquías), cuando el líder se erige como ejemplo de responsabilidad en las funciones encomendadas por el pueblo, ejemplo que se traduce en servicios responsables –sustentables y sostenibles– para la ciudadanía. Todo lo cual dicho en el discurso político ecuatoriano actual es: un gobierno con un manejo responsable del proyecto que tiene como objetivo el sumak kawsay de la ciudadanía y por mucho tiempo.

Si bien es cierto que los aspectos por resolver en nuestro país son tantos y tan viejos que no son factibles de solucionar en un lustro, también es verdad que abrir cien frentes al mismo tiempo y no perfeccionar ninguno es generar el caos y la desconfianza que socavan la credibilidad política, insustituible en la vida democrática.

Pero... ¿cuándo se mina la credibilidad política? Por mencionar solo tres circunstancias: cuando se publicitan las escuelas del milenio con tecnología de punta y paralelamente hay muchas escuelas y colegios que aún no tienen bancas para los estudiantes; esas diferencias abismales minan la credibilidad política. Cuando se publicitan servicios médicos dignos ampliados para toda la familia, pero cientos de enfermos no reciben las medicinas para completar el tratamiento de salud y las citas médicas son después de dos o tres meses de lo solicitadas, minan la credibilidad política. Cuando se redacta una Constitución, para 300 años, que estipula derechos para la naturaleza, pero al poco tiempo le hacen cambios estructurales sin consultarnos e interpretaciones particulares que dan luz verde para la metida de mano (verde), minan la credibilidad política.

Y ahora el frente número 101: el Código Monetario y Financiero, cuyas innovaciones y debates no son comprendidos por la mayoría ciudadana porque, tanto quienes están a favor como quienes están en contra, hablan con un metalenguaje comprensible solo para su gremio; y en medio de esa vorágine de santificar o satanizar al Código estamos la mayoría de los mortales, a quienes nos toca preguntar buscando explicaciones de las muchas inquietudes que nos preocupan acerca del tema. Es necesario que el ministro coordinador de Política Económica del país conciencie que no por decir en una entrevista (en un lapso de cinco minutos) incontables veces que es “absolutamente claro” tal o cual asunto, está garantizada la claridad y comprensión de ese asunto. A veces ocurre que quien no lo explica con claridad es justamente porque tampoco lo entiende con claridad.