Romeo tenía 17 años cuando decidió migrar hacia Estados Unidos. Su madre había fallecido y su padre empezaba un nuevo matrimonio. “Nos tiene solo a nosotros, pero por la pobreza buscamos la manera de ver si puede viajar, porque aquí no tenemos para ayudarle o educarle”, comenta su tío, quien asegura haber cancelado los $ 14.000 que exigió el ‘coyote’ para llevar a su sobrino a Norteamérica.
El viaje era ‘seguro’ o al menos eso le ofreció el ‘coyote’, pero no fue así. Él y otro joven, llamado Jonathan, partieron desde la provincia del Cañar, pasaron la frontera colombiana y avanzaron hasta Puerto Obaldía, pueblo fronterizo de Panamá. Ahí, en un hotel, debían esperar la llegada de Ramón, el colaborador del ‘coyote’, pero no apareció.
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Lo buscaron y lo encontraron a orillas del mar: “Usted nos tenía que recoger con el pasaporte y boletos del avión, y el ‘man’ nos dice ‘no, yo no puedo ayudarles, porque la policía ya me tiene fichado y me pueden encerrar’. Para nosotros fue una desilusión”. Al día siguiente, luego de reclamarle al ‘coyotero’, Ramón llegó con los pasajes aéreos, pero les adelantó que en migración no los dejaría pasar porque sus documentos eran falsos, los habían adulterado en Ecuador para aumentar su edad.
“¿Por qué no nos saca por la selva?”, insistió Romeo. “No, por ahí hay muchos salvajes, muere mucha gente, y no quiero que pase nada con sus vidas, mejor vuelvan”, les habría contestado el ayudante del ‘coyote’, desvaneciendo sus esperanzas. Sin más alternativas, los jóvenes retornaron al país y su familia denunció al ‘coyote, identificado como José Darío L. Z., por tráfico ilícito de migrantes. En 2018 fue sentenciado a diez años de prisión, sin embargo recién en 2022 fue capturado y un año después (2023) recuperó su libertad a través de medidas cautelares, que luego fueron revocadas. Desde entonces está prófugo, con orden de captura.
Romeo no fue su única víctima. Entre 2016 y 2022, el coyotero fue denunciado por seis personas oriundas de Cañar, provincia cuyo movimiento migratorio de su gente ha sido una constante en las últimas décadas e incluso ha afectado su crecimiento poblacional. El año pasado, de acuerdo con el último censo del INEC, registró un aumento de apenas 2.394 habitantes más que hace trece años (2010), sumando en total 227.578 residentes en sus siete cantones (Azogues, Biblián, Cañar, Déleg, El Tambo, La Troncal y Suscal).
De las decenas de haciendas con cultivos de haba, cebada, trigo, papa, que veía en su adolescencia mientras viajaba en la parrilla de los buses, ya quedan pocas, lamenta Luis Flores, exrepresentante del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare) de Cañar (2014-2019). En los últimos 30-35 años, asegura, “se ha ido perdiendo el tema de cultivar el campo y mantener el agro, porque no hay impulso, no hay apoyo al agricultor”.
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Las generaciones anteriores, dice Flores, producían el campo y generaban recursos para mantener a sus familias y progresar. Hoy, en cambio, “no sirve de nada, porque no te pagan lo que vale y porque existe comercio de otros países, como Perú, que produce y vende la papa, por ejemplo, a bajos costos (...). Aquí, desde los 70, cuando empezó el oro negro, el boom petrolero, nos olvidamos del agro”, cuestiona el exdirigente parroquial, que ve con tristeza cómo algunas de las parroquias, como San Antonio, Ingapirca, General Morales, parecen “pueblos abandonados, en donde queda la gente mayor, la juventud ha salido casi en su totalidad”.
¿Qué prefieren?, migrar a Estados Unidos, dice Flores, resignado. Se ‘aventuran’ a viajar sin importar perderse, las altas temperaturas, las agresiones físicas y sexuales que pueden recibir, y los riesgos latentes durante su trayecto, como la presencia de grupos criminales que secuestran, extorsionan y hasta asesinan si sus familias no pagan el rescate. Aunque hay casos en que a pesar de cancelar $ 20.000, $ 30.000, $ 50.000 o más a sus captores, les arrebatan la vida.
El año pasado, por ejemplo, una familia denunció que unos ecuatorianos habían sido retenidos y sus padres pagaron durante seis meses, lo que les pedían hasta que se cansaron y, luego, se enteraron que el mismo día en que los contactaron los habían asesinado, relata William Murillo, presidente de 1800-Migrante, firma jurídica que asegura que recibe a diario dos y hasta tres pedidos de ayuda de ecuatorianos secuestrados en el país azteca, en su ruta a Estados Unidos.
Este incremento migratorio que se registra en Cañar es, también, notorio en la provincia vecina de Azuay, que tiene 801.609 habitantes distribuidos en 15 cantones. Ambas provincias, Cañar y Azuay, concentran el 62 % (843) de las denuncias receptadas en Fiscalía por tráfico ilícito de migrantes en la última década, hasta el 12 de junio pasado. Aunque estos registros, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Ecuador, no reflejan la magnitud de casos reales, porque la mayoría no reporta estos casos.
El Ministerio del Interior también registra a las víctimas de este delito. Entre 2019 y septiembre de 2023, esta entidad asistió a 2.445 migrantes, de los cuales el 46 % (1.119) provenían de estas mismas dos jurisdicciones.
“No es novedad, no son los últimos años, esto ya viene desde la época de los 80″, estima Wilson Lucero, alcalde (s) de Gualaceo, al recordar que a partir de esos años la crisis ‘golpeó’ los negocio del calzado, macanas, muebles y otras artesanías, que forman parte de la identidad de los azuayos: “Se abrieron las fronteras, se dio libre mercado y empezaron a entrar productos chinos. Ya no era lo mismo elaborar calzado de la manera artesanal, que usted podía vender en $ 45, $ 50, si el producto chino se vendía a $ 20, $ 15″.
Al año siguiente de la pandemia del COVID-19, familias enteras viajaron y mermaron la población de Gualaceo, especialmente en las parroquias como San Juan, Mariano Moreno y Jadán. De esta última, que registraba alrededor de 4.000 habitantes, un 10 % (400) ha migrado hacia Estados Unidos; y de todo el cantón de Gualaceo, estima el alcalde, un 6 - 8 % de su gente ha abandonado el país y en su mayoría se agrupó, aproximadamente 35.000-40.000 compatriotas, en la ciudad de Patchogue, en el estado de Nueva York.
Así, Gualaceo y otros cantones azuayos han normalizado una “cultura migratoria”, considera Lucero, al mencionar que en su ciudad “no hay una casa, no hay un hogar, que no tenga familia en Estados Unidos”. Desde ese país, que ha deportado a 105.794 ecuatorianos en los últimos ocho meses (hasta mayo pasado), las personas con estatus regularizado se llevan a sus padres y a los jóvenes, que -añade- no encuentran un empleo o un cupo universitario: “Lo que hacen es graduarse del colegio e irse, dicen ‘me está llevando mi tío, mi papá’ y se van”.
No pueden competir, lamenta, con los sueldos que ganan en Norteamérica. Si en su cantón, los artesanos que elaboran las tradicionales macanas ganan $ 80 semanales con sus productos, en Estados Unidos perciben $ 800 o más. Y aunque el costo de vida en ese país también es mucho mayor, miles, más de un millón más tienen la intención de salir del país. (I)
