Detenidos por ataque a Comando Policial de Otavalo durante el paro no serán procesados por terrorismo, sino por ataque y resistencia en concurso real de infracciones con daño a bien ajeno

A los casi dos meses de haberse iniciado el proceso penal contra trece personas detenidas por su relación con el ataque a las instalaciones del Comando Policial de Otavalo, en Imbabura, en el marco del paro que vivió Ecuador, la Fiscalía reformula cargos del delito de terrorismo hacia el de ataque y resistencia bajo un concurso real de infracciones con el delito de daño a bien ajeno.

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En la diligencia que se instaló cerca de las 11:30 de este miércoles, 19 de noviembre, ante la jueza anticorrupción Karol Zambrano, el fiscal Galiano Balcázar, agente de la Unidot, señaló que las nuevas evidencias ubicadas dentro de la investigación han hecho variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación que realizó la Fiscalía de un delito de terrorismo a, en este caso, el delito de ataque y resistencia bajo un concurso real de infracciones, conforme lo determina el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El concurso real de infracciones tiene que ver cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes. La norma indica que se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los cuarenta años.

Para la Fiscalía, los procesados en esta causa han adecuado su conducta a lo que se define en el delito de ataque y resistencia, el cual está registrado en el artículo 283, inciso primero, del COIP. Balcázar no solo señaló que en este caso existió un ataque, resistencia y violencia contra agentes de la policía que se encontraban en cumplimiento de su deber, sino también recordó que la norma define para este caso penas que van desde los seis meses de cárcel a los dos años de prisión.

El comportamiento de los acusados, sostuvo el fiscal Balcázar, se habría dado en concurso real de infracciones con el artículo 204 del COIP, inciso primero, numerales uno y tres, que habla del delito de daños a bien ajeno. El articulado referido al daño a bien ajeno contempla penas de uno a tres años si el daño se provoca a bienes públicos o si el daño provocado resulte en la paralización de un servicio público o privado o si se utiliza fuego para el daño o la destrucción de bienes muebles.

El 23 de septiembre pasado, el fiscal Galiano Balcázar formuló cargos por el delito de terrorismo contra Diego Armando L. R., Luis Enrique M. F., Elvis Damián L. M., Alfredo P. C., Luis Ernesto T. M., William Andrés R. L., Berny Jonathan A. A., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Juan Sebastián M. T., Luis Alberto C. B., Luis Henry J. E. y Gina Betel C. T.

El artículo 366 del actual COIP que habla sobre el terrorismo registra penas de privación de la llibertad que van desde los diez a los 26 años. Sobre este delito se indica que la persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, pongan en peligro o atenten contra las edificaciones públicas o privadas, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, entre otras características propias de la figura penal.

La Fiscalía refirió en su acusación que los sospechosos aparentemente fueron detenidos en distintos lugares cercanos al Comando Policial de Otavalo, lugar que fue atacado con piedras, palos, bombas molotov, el pasado 22 de septiembre, por una parte de las cerca de 300 personas que se movilizaban en protesta por la Panamericana norte o E35.

El fiscal Balcázar presentó en audiencia, como elementos de convicción, las versiones de servidores policiales que fueron agredidos con piedras. Ellos aparentemente identificaron a los procesados como presuntos responsables de los ataques y de portar explosivos artesanales, bombas molotov, escudos metálicos, entre otros artefactos.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de Unidot básicamente repitió los hechos descritos en la audiencia de formulación de cargos de finales de septiembre pasado. Incluyó partes policiales e informes periciales de Criminalística que, por ejemplo, revelarían pérdidas materiales por la incineración de vehículos que estaban en el comando policial atacado, las cuales superarían los $ 125.000.

También se describieron reportes en los que se confirmaría el uso de material explosivo, voladores y piedras, que ocasionaron graves daños en las estructuras policiales. Además, se habrían hallado vainas percutidas que serán periciadas para determinar su pertenencia y trazabilidad. Varias versiones de personas que presenciaron el ataque se anexaron para esta audiencia de formulación de cargos.

Por el delito de ataque y resistencia en concurso real de infracciones con el delito de daño a bien ajeno fueron notificados los trece procesados inicialmente incluidos en el caso. Pero también son las figuras penales por las que se les procesará a las cinco personas que al momento son vinculadas por la Fiscalía: Édgar Javier S. A., Luis Enrique G. G., Axel Troy G. O., Sayri Alli P. G. y Sairi David A. F., este último asambleísta alterno de la legisladora por Imbabura del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), Pamela Aguirre.

Una vez que se concrete la vinculación, la etapa de instrucción fiscal se alargará por 30 días más desde este 19 de noviembre.

La Fiscalía solicitó que se mantengan las medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país de los trece inicialmente procesados en este caso. Además, por un tema de igualdad para los cinco vinculados se pidió que se les imponga las mismas medidas cautelares, es decir, prohibición de salida del país y presentación periódica una vez por mes ante la Fiscalía y, en el caso del procesado Sairi David A. F., ante la autoridade comunal competente.

Cerca de las 15:45 de este miércoles, 19 de noviembre, la diligencia terminó con la reformulación de cargos hacia el delito de ataque y resistencia en concordancia con el delito de daño a bien ajeno, con la vinculación de cinco personas más al porceso y con elanuncio d ela inhibición para seguir en la causa planteada por la jueza anticorrupción Zambrano, debido a que existiría una falta de competencia en la materia que se trata desde este momento en la causa. (I)