A propósito de la extensa carta enviada a Diario EL UNIVERSO por parte de la gerenta encargada de Flopec EP y a la vez abogada y procuradora, en su parte medular sostiene que en el 2011 Ecuador ahorró dinero en el contrato de abastecimiento de GLP con Trafigura. Nada más alejado de la realidad. La contratista incumplió. En el 2015 eran otros diferenciales por tonelada métrica, pero resulta que Petroecuador tuvo que adquirirlo a mayor precio, esto sin contar el pago de buque flotante y alijadores, porque en esa época ya estaba funcionando el muelle de Monteverde con dinero de los ecuatorianos. ¿Dónde está el ahorro?

Es importante que los amigos lectores estén informados sobre algunos aspectos de orden legal de esta y otras empresas estatales. Y lo hago con el propósito de explicar detalladamente por la falta de espacio. Del léxico del Derecho Público se sabe que el funcionario o empleado al servicio del Estado únicamente puede ejecutar lo que está escrito en leyes, normas, reglamentos o estatutos que rigen a este sector. Mantener bienes o activos (patrimonio) a nombre de particulares, sea en Ecuador o fuera de él… ¿Acaso eso es pertinente? ¿Y por qué surgen las interrogantes? Sencillamente debido a que la referida naviera estatal ha aceptado públicamente que existen compañías constituidas en la ciudad de Panamá que mantienen barcos, entiéndase activos nacionales, en mayor o menor porcentaje de participación. Aclaro que esas empresas evidentemente se encuentran regidas bajo las leyes panameñas y por ende, con controles de empresas panameñas.

Sus representantes legales y directores son personas particulares ecuatorianas, que si bien ejercen funciones en nuestro Estado, al menos en los Certificados de Registros de la Ciudad de Panamá, que son de acceso público y que presenté en artículos anteriores en este espacio de opinión, en ellos no constan su cargo o función en esas empresas. Solo sus nombres. ¿Es esto legal? ¿Qué auditorías ha hecho la CGE en esas compañías? ¿Bajo el amparo de qué leyes o reglamentos se determinó la autorización o pertinencia legal de establecer esas compañías en Panamá, cuyos bienes (barcos) pertenecen al Estado ecuatoriano? ¿Lo aprobó el directorio de Flopec?

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Antes de seguir provocando furibundas reacciones por parte de la funcionaria de la naviera estatal, deseo aclarar al país que solo son eso: preguntas que no tienen respuestas. Recordarán que lo mismo sucedió ante un cuestionamiento similar sobre cómo determinaron la contratación sin licitación entre la estatal y ST Glencore o aquella cuando reclamé bajo qué procedimiento legal se escogió al bróker Tankship en el mismo contrato, y lograron responder que ellos manejan sus “propios procesos internos”. Estas explicaciones parece que satisficieron a las autoridades de la CGE y del sector hidrocarburífero, ya que ante la tan anunciada “cirugía mayor” en empresas como la naviera, no ha pasado nada.

Flopec EP sigue manejada por rezagos de la administración correísta. Continúa en funciones el anterior gerente. No hay cambio de timón. Desde el inicio de mis denuncias, hace dos años, él amagó con investigar mi correo electrónico con personas especializadas de Informática de la Armada Nacional, con el objeto de que le dijera la fuente de mi artículo.

No le temí, peor ahora. La palabra de Lenín se está quedando corta en la estatal naviera.

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Por respeto a los amigos lectores insisto en las interrogantes y no hay respuestas concretas, solo ofensas al columnista, acusándome de actuar con desconocimiento y mala fe. No hay tal, ustedes me conocen. (O)