Violaciones a derechos a la vivienda, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se registraron en los procesos de desalojo y reubicación en Monte Sinaí, Nueva Prosperina e isla Trinitaria, según las conclusiones de un informe preliminar de la Misión Internacional de Verificación sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada.
Esto, mientras ayer funcionarios de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares iniciaron un censo a las familias que habitan en doce cooperativas de Monte Sinaí.
La misión se refiere a las supuestas violaciones de diversos derechos humanos tras haberse reunido semanas atrás con habitantes de las zonas desalojadas técnicos, académicos, funcionarios del Ministerio de Vivienda y del Municipio.
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Con la información recopilada, el organismo extranjero habría constatado “una grave falta de cumplimiento a normas y procedimientos nacionales e internacionales”. Por ejemplo, señala, la omisión de proveer información oportuna a la población afectada, compensación e indemnización, la falta de diálogo y de alternativas.
El estudio también cita lo que considera uso excesivo de la fuerza pública en los operativos de desalojo de mayo y julio pasados. “Actos de violencia y prepotencia de autoridades involucradas que han generado una grave sensación de angustia y que tienen a la población viviendo en zozobra e inseguridad...”, dice el documento.
La misión se refiere a los planes habitacionales donde se reubicó a los desalojados. Se indica que “el reducido tamaño de las casas (36 m²), la inadecuación de los materiales, no garantizan acceso regular y de calidad a agua y saneamiento”.
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El documento menciona una presión económica para personas de muy escasos recursos, “ya que tendrán que afrontar el pago de al menos el 10% del costo de la vivienda ($ 13.500)”.
Ante ese panorama, la Misión dio unas recomendaciones. La primera: “Dar un alto total a los desalojos y a las prácticas de amenazas a las comunidades”.
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Julio César Quiñónez, titular de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares, se refirió al informe durante el censo. “Será importante que las observaciones de estas entidades de derechos humanos no estén pendientes en parar el desalojo, porque el desalojo es la consecuencia de una causa; si no, las organizaciones de derechos humanos estén pendientes en parar las causas...”, dijo.
Otra sugerencia de la Misión es diseñar e implementar un plan de capacitación de funcionarios públicos sobre derechos humanos, políticas urbanas y de vivienda.
En tres meses, la Misión elaborará un estudio detallado que se dará a autoridades nacionales y locales, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a la Relatora Especial de la ONU para el Derecho a la Vivienda Adecuada y a ONU-Hábitat.
Al respecto, Julio César Quiñónez aseguró: “El caso debieron llevarlo hace diez años cuando aquí estaban los Toral, Tony Estacio... en donde no podía entrar ni la Policía. Hace diez años pasó eso, hace diez años debió llegar el informe a las Naciones Unidas”.
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Apuntes en cooperativa
Integrantes de la misión
Coalición Internacional para el Hábitat, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Federación de Derechos Humanos, entre otras.
Reunión
Esta misión fue convocada a la Asamblea para una reunión con un representante de minoría de la comisión que discutía una reforma a la Ley 88.
