La Unión Europea ha dado un paso crucial en la protección de consumidores digitales al establecer nuevas directrices sobre el uso de monedas virtuales en los videojuegos.

La medida impulsada por la Comisión Euoropea y la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor (CPC), busca garantizar que los jugadores, especialmente los niños, no sean manipulados por prácticas comerciales engañosas.

Las nuevas normas surgen a raíz de una investigación centrada en Star Stable Online, un popular videojuego sueco que, según el informe de la CPC, utilizaba estrategias comerciales especialmente dañinas para los niños.

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Entre las tácticas identificadas se encuentran anuncios que instaban directamente a los menores a realizar compras, técnicas de presión basadas en ofertas de tiempo limitado y falta de claridad sobre el valor real de las monedas virtuales en comparación con el dinero real.

A partir de ahora, los desarrolladores de videojuegos deberán seguir siete principios fundamentales para garantizar la transparencia y equidad en las compras dentro del juego.

Principios claves

  1. La indicación del precio debe ser clara y transparente.
  2. Deben evitarse las prácticas que oscurecen el costo de los contenidos y servicios digitales del juego.
  3. Deben evitarse las prácticas que obliguen a los consumidores a comprar monedas virtuales no deseadas en el juego.
  4. Los consumidores deben recibir información precontractual clara y completa.
  5. Debe respetarse el derecho de desistimiento de los consumidores.
  6. Los términos contractuales deben ser justos y estar redactados en un lenguaje sencillo y claro.
  7. El diseño del juego y la jugabilidad deben ser respetuosos con las diferentes vulnerabilidades de los consumidores.

Si bien estas directrices no son de cumplimiento obligatorio, las empresas que decidan ignorarlas podrían enfrentarse a serias repercusiones.

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La Comisión Europea y la CPC han dejado claro que supervisarán de cerca la situación y que podrían emprender acciones legales contra aquellas compañías que continúen aplicando prácticas perjudiciales.

En caso de litigios, los consumidores contarán con el respaldo de la Comisión, lo que dificultará que las empresas evadan responsabilidades.

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(I)