Lo que en esta semana se perfiló como una disyuntiva de compleja salida dio un giro la tarde de este miércoles, 11 de septiembre, tras la reunión que mantuvieron delegados del Municipio de Guayaquil y un sector de la transportación urbana, concretamente dirigentes de 24 cooperativas que totalizan unas 1.300 unidades de una flota de 2.500 buses que circulan en la urbe.
No participó en el encuentro Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), quien es aún respaldado por la dirigencia de otras 34 cooperativas que sumarían la otra mitad de la flota urbana. Él y el alcalde Aquiles Alvarez tienen diferencias que se agudizaron estos días.
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Sí estuvieron dirigentes de largo recorrido como Ricardo Onofre y Alberto Arias.
La ciudad amaneció este lunes 9 con una suspensión parcial del transporte público dispuesta por la Fetug. La medida se inició, según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), con el servicio parcial de 14 de 58 operadoras y eso obligó a la ciudadanía a movilizarse alternativamente en camionetas, expresos escolares, tricimotos y otros medios en los que por cada traslado se gasta de $ 1 a $ 1,50.
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Con la suspensión del transporte, la Fetug exige un alza del pasaje de $ 0,30 a $ 0,45, pues dice trabajar a pérdida desde la pandemia, cuando la demanda se redujo por las restricciones sanitarias. A eso se suma la inseguridad que azota a la ciudad.
El Municipio, por su parte, no se opone a la aspiración, pero ha puesto como condición que antes de elevar la tarifa a los $ 0,45 que sugiere un estudio que tienen, los transportistas mejoren el servicio implementando en sus unidades wifi y climatización, es decir, aire acondicionado.
Ante aquello, la Fetug, a través de Christian Sarmiento, su principal dirigente, pide primero que se recupere la golpeada economía de los transportistas con el incremento del pasaje y que luego ellos cumplirían con los requerimientos del cabildo, pero eso no ha sido aceptado.
Y cada frente se ha mantenido en su postura, he allí la disyuntiva.
En medio de la suspensión del servicio, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ha descalificado al principal de dicho gremio por considerar que la medida constituye un acto de terrorismo e incluso ha dicho públicamente que la frecuencia, cuya autorización se le vencería a fines de este año, no le será renovada.
Lo ha tildado de mentiroso, porque dice que él ha sido parte de mesas de trabajo anteriores en las que se han llegado a acuerdos con miras al alza de la tarifa, pero que ahora se ha echado para atrás.
Sarmiento ha cuestionado el sistema único de recaudación que vendrá en este proceso de incremento del pasaje. Insiste en que la empresa adjudicada por la administración municipal anterior se llevaría $ 0,05 solo por manejar los recursos que ellos generan, sin invertir nada en las mejoras del transporte.
Eso, mencionó el dirigente, implicaría mermar sus ingresos en una eventual alza de la tarifa.
Pasadas las 13:00 de este miércoles, al culminar la reunión que se desarrolló en las instalaciones de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP), las autoridades locales anunciaron como un logro el hecho de que para la tarde operarían ya unos 1.300 buses en el contexto de la paralización emprendida el lunes.
“Para eso son las mesas de diálogo. Aquí se quiere llegar a acuerdos y consensos que beneficien a la ciudadanía. Evidentemente, un alza de transporte debe venir con una mejora del servicio”, respondió Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, consultado sobre las posturas de la autoridad local y de los transportistas en torno al incremento del pasaje.
Manuel Salvatierra, gerente de la ATM, recalcó que nunca han estado en desacuerdo con el incremento de la tarifa, pero que son necesarias las mejoras para “dignificar” el transporte de los guayaquileños.
Las reuniones de trabajo, que vienen de hace algún tiempo, se mantendrán hasta el próximo miércoles 18. ¿Qué pasará luego? Los consensos alcanzados serán llevados al Concejo Municipal, instancia que decidirá finalmente cómo se implementaría el alza de la tarifa.
La aspiración ciudadana
Roque Sánchez, dependiente de un negocio en las calles Clemente Ballén y García Avilés, dijo que en estos días no han tenido clientes en el local.
Para él mismo es un problema llegar a su trabajo desde casa, en la 47 y la C. De allí sale en tricimoto pagando $ 1 hasta la 38 y Portete, donde toma taxirruta por $ 1,50.
Se inclina por esta opción porque en estos días ha debido esperar hasta dos horas por un bus, sin obtener resultado favorable.
“Ya se tienen que solucionar todos estos problemas, porque es algo que nos pone en una situación tremenda”, expresó preocupado.
Él es partidario de que suba a $ 0,45 el pasaje, siempre y cuando los transportistas primero arreglen sus unidades y acojan los requerimientos del Municipio porteño.
“Yo creo que los transportistas deben tomar la decisión de arreglar sus colectivos, porque realmente hay buses que no están aptos como para salir (...). Pero ellos no van a arreglar nada, ellos quieren que les suban el pasaje y después hacerse de la vista gorda”, opinó Roque Sánchez.
Diosa Rivera, otra usuaria del transporte público, también dijo estar dispuesta a pagar $ 0,45 en caso de una eventual alza de la tarifa, pero al igual que Sánchez, cree que primero deben darse las mejoras en los carros.
“Por una parte primero que arreglen los carros y después que se suba el pasaje, porque ya otras veces se ha visto que se comprometen y no hacen mejoras”, comentó la mujer mientras esperaba en el centro un bus para dirigirse al norte, al sector del Servicio de Rentas Internas (SRI).
En la misma línea opinó Juan Avilés, morador de la cooperativa Jardines del Salado, en la avenida José Rodríguez Bonín, quien estuvo en el centro esta mañana por una cita médica.
“Ya debe haber un acuerdo porque ya son muchos días (...), lógico que se pagarían los $ 0,45 porque es una necesidad el transporte, pero que se arreglen esos carros vetustos”, refirió el hombre. (I)