Tras dos días de análisis, con la intervención de delegados del Gobierno, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el único y definitivo debate de la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, que asciende a $ 50.213 millones, y la programación cuatrianual.
La mesa legislativa se instaló la tarde del miércoles 4 de noviembre para una sesión virtual en la que se sometió a votación el documento, el cual obtuvo ocho votos a favor y dos en contra.
El informe que se debatirá en el pleno de la Asamblea contiene siete recomendaciones. Entre ellas consta aprobar la proforma presupuestaria de 2027, al considerar que cumple con la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).
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También plantea dar seguimiento a las universidades, actualizar la programación de la deuda pública, asegurar la continuidad de servicios en sectores clave y revisar periódicamente desde la Asamblea la ejecución presupuestaria.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Valentina Centeno (ADN), trabajó en el feriado nacional, el 2 y 3 de noviembre, para examinar el contenido del presupuesto fiscal.
Durante esos días se escucharon las comparecencias de funcionarios de distintos ministerios, quienes explicaron cómo se distribuirán los recursos públicos el próximo año y cómo se financiará el presupuesto.
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En la jornada del 2 de noviembre, Miguel Hernández, viceministro de Finanzas, explicó que el presupuesto contempla ingresos por $ 34.427 millones y gastos por $ 38.838 millones.
El déficit fiscal se proyecta en $ 4.412 millones, equivalente al 3,1 % del PIB, con una reducción de $ 1.014 millones frente a 2026. Las necesidades de financiamiento alcanzan los $ 13.671 millones.
Entre los supuestos macroeconómicos se espera un crecimiento real del producto interno bruto (PIB) del 2,5 %. Y una inflación anual promedio de 2,2 %.
La recaudación tributaria prevista en la proforma asciende a $ 20.703 millones. Judith Guedes, asesora de la directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), presentó una proyección de recaudación bruta de impuesto por un total de $ 25.727,5 millones.
Edwin Zumba, subsecretario general de Planificación, explicó que el Plan Anual de Inversiones (PAI) recibirá alrededor de $ 3.000 millones y contará con un incremento del 23 % para financiar 301 proyectos.
En las asignaciones sectoriales de algunas carteras de Estado destacan $ 5.538,53 millones para el Ministerio de Salud Pública; $ 1.945,57 millones para el Ministerio de Defensa; $ 210,36 millones para el Ministerio del Interior.
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También se contemplan transferencias por $ 3.955 millones para la seguridad social (IESS, Isspol e Issfa), que es $ 256 millones más que el codificado de septiembre. Y para bonos sociales se prevé un alza de $ 29 millones para llegar a los $ 1.471 millones en total.
Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) tendrá una asignación de $ 4.345 millones, que comprende un aumento de $ 618 millones frente al codificado a septiembre de 2026.
En la sesión del 3 de noviembre intervinieron delegados de los ministerios de Educación, Deporte y Cultura; de Trabajo y Desarrollo Humano; de Infraestructura y Transporte; y del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.
Según las exposiciones, las universidades públicas tendrán un incremento presupuestario de $ 129 millones en 2027, frente a la asignación proyectada para 2026.
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura contará con $ 6.888,31 millones, incluidos $ 163,5 millones para inversión. De estos, $ 68,4 millones financiarán cuatro proyectos de educación superior, principalmente becas y fortalecimiento del talento humano.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano tendrá $ 2.372 millones para programas dirigidos a más de 2,18 millones de beneficiarios.
Por su parte, el Ministerio de Infraestructura y Transporte dispondrá de $ 765,5 millones, de los cuales $ 717,4 millones se destinarán a inversión en 52 obras, incluidas 24 nuevas contrataciones previstas para 2027.
El procesamiento de la proforma en la Comisión se desarrolló con la participación de asambleístas de diversas bancadas, quienes expresaron sus opiniones a favor y en contra sobre las asignaciones previstas en el presupuesto fiscal para el 2027.
La Constitución establece que una vez que el Ejecutivo entrega la proforma, la Asamblea tiene 30 días para su tratamiento. En un solo debate se podrán aprobar u observar el presupuesto fiscal y la programación cuatrianual.
Si vencen los 30 días sin que la Asamblea se pronuncie, entrarán en vigencia la proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva, dice la Constitución.
Además, las observaciones de la Asamblea serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma.
Una vez que se ha aprobado el informe dentro de los plazos contemplados en la ley, ahora queda que se fije la fecha para el debate en el pleno. (I)