Opinión Internacional |
PERÚ
Es positivo que la Comisión Permanente del Congreso haya modificado la sanción aplicada al delito de difamación. Si la norma es promulgada por el Ejecutivo, como se espera, el difamador ya no purgará cárcel (dos años) sino que deberá cumplir servicios comunitarios, como construir caminos o barrer calles.
Si bien la iniciativa legislativa es positiva, resulta incompleta. Garantizar la libertad de expresión pasa por despenalizar la difamación, la injuria y la calumnia. Es decir, derogar esos tipos penales configurados en los artículos 132, 130 y 131, respectivamente, de nuestro Código Penal y que son una espada de Damocles sobre la cabeza de la gente de prensa. Ya vemos lo ocurrido con el Diario EL UNIVERSO, de Guayaquil, Ecuador, denunciado por difamación por un prepotente Rafael Correa, al que no le gustó la opinión de un columnista que lo considera dictador.
La despenalización de los delitos de prensa es una figura aplicada exitosamente en el mundo. No es el caso del Perú ni del Ecuador, donde Correa ha podido perpetrar un golpe de mano contra la libertad de expresión, un abuso intolerable contra la prensa y el Estado democrático repudiado internacionalmente. Lamentablemente lo hecho por Correa, que apunta a encarcelar a directivos del Diario y a un columnista, así como a quebrar la empresa al exigir una reparación de decenas de millones de dólares, está amparado por la legislación penal vigente en su país.
Para evitar este tipo de atropellos es que se promueve la despenalización, de modo que estos temas son tratados exclusivamente en el fuero civil: se evita así que la ley pueda ser torcida para amedrentar a la prensa fiscalizadora por quienes –principalmente los gobernantes– arguyen haber sido heridos en su honor y reputación (difamación), ultrajados con palabras o gestos (injuria) o acusados falsamente (calumnia).
El Perú ha avanzado un buen tramo. Se han reducido las amenazas legislativas, jurídicas y procesales con las que en el pasado se pretendió coartar, amedrentar o impedir el libre quehacer de la prensa, responsable e independiente, que desde hace mucho se ha sabido autorregular para evitar atisbos difamatorios, injuriosos o calumniosos. Los gobiernos, por ello, no pueden ni deben pretender utilizar la ley como herramienta de amenaza contra la prensa fiscalizadora, como ocurre hoy en la Venezuela de Hugo Chávez y en el Ecuador de Rafael Correa.
Publicado el 23 de julio del 2011, en http://elcomercio.pe
La despenalización de los delitos de prensa es una figura aplicada exitosamente en el mundo. No es el caso del Perú ni del Ecuador, donde Correa ha podido perpetrar un golpe de mano contra la libertad de expresión, un abuso intolerable contra la prensa y el Estado democrático repudiado internacionalmente. .
