La mayor pobreza del Ecuador radica en la incapacidad de administrar nuestros recursos, sean estos recursos naturales o recursos económicos. No existe una receta única para lograr la conservación de las especies, pero una realidad universal es que la solución a los problemas de la pobreza no reside en la explotación insostenible, y por ende, la destrucción de la reproducción biológica de las diversas especies. Durante 400 millones de años los tiburones han nadado en el océano global. La UICN ha clasificado a ciertas especies de tiburón, como el tiburón martillo (Sphyrna lewini) y el tiburón oceánico de puntas blancas (Carcharhinus longimanus), en Peligro y Vulnerable, respectivamente, los cuales, según algunos estudios, han perdido más del 90% del número de línea de base original, es decir que el 90% de la población original ya no está. Esto es deplorable ya que el recurso tiburón es vital para mantener el equilibrio del ecosistema marino.
El monitoreo del tiburón es necesario para estadísticas (si este es serio), pero lo que esto significa es que han contado tiburones muertos en ciertos puntos de desembarque, lo cual no se traduce a menor mortalidad de la especie ni implica el control del tráfico ilícito de aletas, actividad que amenaza la supervivencia del tiburón en el largo plazo. Los traficantes y aleteros (cercenan las aletas y dejan desangrar al tiburón en el mar) jamás van a desembarcar en los puntos utilizados para el monitoreo.
Antes del 2004, el tema del tiburón y del aleteo era algo que no existía entre los asuntos de discusión pública o entre las prioridades de la política pública. La prohibición de la comercialización y exportación de las aletas, a través del D.E. Nº 2130 del 2004, “patea el tablero de los traficantes” y amigos de estos, obligando a hablar de la situación de la especie tiburón. Antes de la prohibición de comercializar aletas, la percepción del público en general sobre el tiburón era la de un animal aterrador que asociaban a la película Tiburón. La prohibición se produce porque no existía (ni existe aún) un sistema de control integral, implantado, financiado y funcionando, que evite tanto el “blanqueo de las aletas” (hacerlas pasar como producto de la pesca incidental), como el aleteo, el tráfico ilícito o la pesca dirigida.
Un funcionario de la Subsecretaría de Pesca, Jimmy Martínez, en una entrevista realizada por un medio de comunicación, el 11 de marzo del presente, optó por no responder al inquirírsele sobre el tráfico ilegal de aletas. Supongo que al no tener nada bueno que decir al respecto, prefirió el silencio impasible encomendándose al Divino Niño para que no le volvieran a preguntar lo mismo. En estos tres años de gobierno, como se aprecia en la entrevista mencionada, se han pasado contando tiburones muertos sin que existan los controles necesarios y sin la implantación de un plan de manejo, el cual existe en papel (sea este bueno o malo) desde el 2006: PAT-Ec (Plan de Acción del Tiburón). Es común ver en el país cómo miles de planes pasan a ser un anillado más de tantos que los burócratas ponen en vitrinas bajo llave y los sacan cuando tienen que justificar su sueldo ante alguna presión, armar algún taller o para alguna campaña de imagen.
En el 2007, la hoy Ministra de Ambiente, en aquel entonces Subsecretaria de Pesca, defendió con entusiasmo el D.E. Nº 486 (2007), el cual derogó el D.E. Nº 2130 (del 2004). El D.E. Nº 486 (2007) permitió nuevamente comercializar las aletas de tiburón producto de la pesca incidental, sin que exista un sistema de control, y muy lejos de que tengamos un sistema de control integral financiado y funcionando. Eso es más allá que irresponsabilidad. El D.E. Nº 486 era tan nefasto que el mismo Gobierno tuvo que emitir otro decreto, el Nº 902 (2008) para reformarlo. Alguien podrá pensar… ¡pero qué bien, rectificaron! No. El espíritu de dicho decreto permaneció siendo el mismo; permitir el comercio de las aletas sin que exista un sistema de control implantado. Lo que hicieron fue corregir horrores y errores jurídicos que por más fácil que haya sido confundir a más de uno por ser este un tema técnico y legal, no podían justificar tanta sandez. Un decreto siempre es perfectible si el espíritu es el correcto; este no fue el caso del D.E. Nº 486 en el 2007.
Para muestra un botón: el Parte Informativo (Policial) Nº 0023-GAO-P.J.M., del 1 de agosto del 2007, indica que luego de la investigación correspondiente se identificó a personas en posesión ilegal de aletas de tiburón, así como tres lugares en los cuales se “cometía el ilícito de tenencia, comercio, tráfico y procesamiento ilícito de aletas de tiburón”, solicitando la orden de allanamiento respectiva: Nº 02-2007, fechada 31 de julio del 2007. Todos aquellos que fueron “conducidos a la Policía como infractores” fueron puestos en libertad por disposición de varias autoridades y altos dirigentes de este gobierno, según consta en el parte, ordenando además que se les devolviera todo lo incautado. Esta barbaridad fue posible porque a estas órdenes descabelladas se unió el silencio de las otras autoridades responsables. ¿Qué debió hacer la autoridad competente? Estando vigente el D.E. Nº 486, redactado por el mismo Gobierno, debieron proceder a incautar las aletas por carecer de la guía respectiva o certificados correspondientes. ¿Qué hicieron los empleados públicos responsables? Nada. Es más, algún poderoso mandó a perseguir y amenazar a un ciudadano extranjero de una ONG, Sean O’Hearn, quien había dado apoyo a la Policía para casos de tráfico ilícito de especies. O’Hearn, casado con una ecuatoriana, abandonó el país al día siguiente. ¿Las autoridades competentes? Bien, gracias. ¿Qué hizo el Presidente a raíz de esto? Promocionó a una de las autoridades responsables de Subsecretaria de Pesca a Ministra de Ambiente, permaneciendo aún en el cargo. Recién ahí entendí lo que quería decir “meritocracia” para este gobierno.
¿Y el mercado negro? Este siempre ha existido y desafortunadamente es probable que siempre exista. Los traficantes buscan operar en lugares de débil institucionalidad, carente de controles, alto nivel de corrupción y mayores recursos que depredar. Las aletas de tiburón son parte del “negocio” de grandes mafias internacionales multimillonarias. Si las autoridades no controlan ni el comercio ilícito de la madera, donde las mafias que son parte de este “negocio” son mínimas al lado de las poderosas mafias internacionales, ¿a quién cuentean que aquí no se depreda el recurso? Confundir la realidad con la ficción parecería ser una condición innata de algunos funcionarios de Gobierno, así como la “virtud” de fantasear y repetir con prepotencia propia y ajena lo que les asegure mantenerse en el cargo.
Si un recurso no tiene monitoreo, controles y cadena de custodia financiado e implantado, entonces es depredación. Si un plan de manejo no es implementado de manera efectiva y eficiente, significa que no genera cambios y se desperdician recursos. De mandante a mandatario, le recomendaría al Presidente que la próxima vez que quiera hablar del tema ambiental se asesore bien, que no se deje utilizar y que no crea en todo lo que le dicen. Si no, que Dios los perdone; no saben lo que hacen.