Nos ha quedado claro que las soluciones planteadas con base en objetivos de equilibrio fiscal han resultado insuficientes para atacar las causas motrices del lánguido desarrollo económico ecuatoriano. Desde lo macro, los gobernantes de turno intentaron construir visiones y prioridades aumentado o disminuyendo el gasto público, según haya sido su ideología, sin innovar eficazmente los roles y funciones de lo público y lo privado para cambiar sosteniblemente la realidad de los ecuatorianos. Nos toca plantear nuevas preguntas y objetivos en esta materia.

Hagamos “política económica para la competitividad” usando la participación público–privada en todas las áreas de política económica. Por ejemplo: cerrar la brecha creciente entre educación formal y desarrollo económico. Esta es un área de mucho potencial de mejora. El impacto de los colegios técnicos sobre la mano de obra de sectores clave es casi inexistente. Su intervención carece de programas y metodologías de aprendizaje eficaces en la solución de problemas de productividad; gestión de tecnología e innovación; acceso y transferencia de recursos especializados o de construcción de lealtad de clientes. En suma, el aumento en el gasto en educación técnica formal no guarda relación con el crecimiento del valor agregado de los sectores de su entorno, ni ha contribuido a más equitativas relaciones de poder negociador en tales sectores.

Declarar estado de emergencia económica

Mientras tanto, evolucionan aceleradamente ecosistemas empresariales basados en tecnología y sistemas de información, capaces de hacer surgir comunidades de aprendizaje a su alrededor. Son fuentes de nuevo conocimiento, capaces de ofrecer nuevas respuestas a las viejas preguntas y hasta cambiarnos las preguntas que explican el éxito competitivo. Es decir, es tal el rezago de la educación formal respecto a las necesidades de su entorno competitivo que muchos están aún contestando tarde y/o equivocadamente preguntas ya obsoletas. Cerrar la magnitud de la brecha entre academia desarrollo económico local obliga usar estos ecosistemas para innovar la educación técnica en el país.

¡Patria querida!

Que podamos construir el diseño institucional para que “lo público” pueda jugar un rol de rector (planificador/diseñador, supervisor y sancionador) de la operación privada de soluciones educativas que masifiquen con eficacia la educación de calidad. Que sepamos pasar del control de la forma (ejecución presupuestaria; asistencia del profesor y del alumno; calificaciones obtenidas, etc.) al control del impacto de la educación en la productividad, la calidad y cantidad del empleo de los principales sectores económicos del entorno. Que entre las nuevas preguntas incluyamos cómo financiar la demanda y no la oferta de servicios educativos, para incentivar la competitividad de los operadores privados.

Que innovando la relación público-privada renovemos las prácticas y metodologías de producción agropecuaria, manufactura y servicios. Que estos tiempos de crisis sean propicios para minimizar la resistencia al cambio profundo que implica cerrar esta dolorosa brecha entre educación técnica y desarrollo económico. (O)