Según el Ministerio de Finanzas del Ecuador, la carga fiscal en salarios de la denominada burocracia, sin contar los beneficios como el décimo tercero y décimo cuarto, bordea los 650-700 millones de dólares mensuales. Esta, junto con las deudas anidadas de administraciones anteriores y con organismos multilaterales, sería una de las principales razones por las cuales el Gobierno podría llegar a tener un déficit de 5.000 millones de dólares a finales del 2024, o de 1.500 millones de dólares en el primer semestre del 2024.

¡Tantos pasos en el camino!

Olvidándonos un momento de los problemas de infraestructura y técnicos, durante décadas se ha venido hablando de la privatización de las empresas públicas como medida de alivio fiscal en lo relacionado al gasto público, inclusive se ha reestructurado parcialmente el organigrama funcional de muchas de ellas y se han cerrado algunas que dejaron de ser productivas. El proceso de migración de una empresa pública a una empresa privada o de economía mixta implicaría indudablemente el despido de muchos trabajadores o de la denominada masa laboral del país. Este hecho no fuese un inconveniente estructural si el país hubiera desarrollado la base legal y hubiera conformado una sociedad tecnificada para su crecimiento financiero, es decir, que como caso particular pudiésemos exportar no solamente materia prima, sino que productos que tengan algún tipo de proceso inherente a la manufactura.

Los impuestos y la consulta

Esto implica también que los productos manufacturados que se importen sean fabricados a nivel local, implicando que se deban pagar menos impuestos por los mismos y se empiece a crear patentes para el desarrollo de tecnología propia con el pasar de los años. Aunque no es el tema en el que se centra la presente columna, pero esto debería ir ligado a una evolución de las carreras universitarias hacia la robótica, inteligencia artificial y uso de datos.

Aunque no es una solución a corto plazo, permitirá mejorar de forma definitiva el problema de la masa salarial...

Esta tecnificación hubiese creado plazas de trabajo a las cuales los empleados cesados de las empresas pudiesen aplicar y encontrar un nuevo sustento para sus hogares. No obstante, todos los gobiernos por motivos sociales y de coste político han optado por no implementar de manera total dicha venta o el cese total de los subsidios de combustibles. También por presión de grupos de poder que perderían los porcentajes de contratos y sus beneficios personales. Sin embargo, existe una manera de aliviar la carga fiscal, la que se basa en aumentar la producción con base en resultados. Si hablamos del sector energético y petrolero, bastaría con aumentar el número de megas a producir, o elevar los barriles de diésel que se producen para de esta manera poder exportar más de lo primero y nivelar el consumo local de lo segundo.

Esto se puede extrapolar a todos los aspectos de la economía del país. Aunque no es una solución a corto plazo, permitirá mejorar de forma definitiva el problema de la masa salarial, que en vez de ser despedida puede reubicarse o asumir nuevas funciones que le permitan al Estado tener trabajadores más eficientes. Esto, sumado a que se elimine de manera total la corrupción, podría inclusive cubrir el déficit fiscal. (O)