Buscar un lugar para trabajar, el primer reto que tendrá quien sea designado superintendente de Protección de Datos Personales

Gestionar presupuesto, la sede, armar la estructura orgánica, buscar personal con perfiles, los estatutos orgánicos, entre otros aspectos administrativos para que entre en funcionamiento la Superintendencia de Protección de Datos Personales, concentraron los planes de trabajo de los tres candidatos a ocupar este cargo y que se expusieron en una audiencia que se realizó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

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Los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escucharon, este 27 de marzo de 2024, los planes de trabajo de tres postulantes nominados a ocupar la Superintendencia de Protección de Datos Personales de una terna enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.

La audiencia pública es parte del reglamento para elegir a esta autoridad, aunque los tres aspirantes debieron esperar casi tres horas para presentar sus proyectos.

La sesión estaba convocada a las 10:00 y los consejeros del CPCCS asistieron al salón, a eso de las 11:30; debatieron otros puntos y finalmente arrancó la diligencia minutos antes de las 13:00.

La designación de esta autoridad está contemplada en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, vigente desde mayo del 2021, y desde entonces está a la espera de su aplicación.

La Ley de Protección de Datos protege la información personal de los ecuatorianos, pero aún falta una superintendencia que la defienda

El reglamento de selección dispone que una vez que se cumplió esta audiencia oral, corre el término de un día para elegir a la autoridad de forma motivada y «particularmente deberá mencionar cómo el candidato seleccionado cumplía con los criterios de especialidad y méritos y por qué».

La resolución de designación se enviará a la Asamblea Nacional para que proceda con el acto formal de posesión del superintendente, que estará cinco años en funciones y se integrará a la Función de Transparencia y Control Social.

En la jornada de este miércoles se presentaron los tres candidatos:

1. Fabrizio Roberto Peralta Díaz
2. María Paulina Casares Subía
3. Luis Fernando Enríquez Álvarez

Los tres se conocen en el ámbito profesional y expusieron sus planes de llegar a ser electos en un ambiente de cordialidad, que coincidían con el primer paso: crear institucionalidad, ya que está contemplada en la ley, pero en la realidad el trabajo empezaría desde buscar una oficina, la mesa y una silla.

Ello, supeditado a la asignación de recursos que asigne el Gobierno nacional, pues en el Presupuesto General del Estado no constaría una partida para crear la superintendencia.

Fabrizio Peralta reconoció que tendrá que echar a andar una entidad que tiene vida jurídica, pero no práctica.

«La primera misión será conseguir los recursos para funcionar; un núcleo central de colaboradores, dónde va a funcionar. No obstante, también están las limitaciones presupuestarias, tendremos que trabajar con lo que se ofrezca», manifestó.

Su planteamiento es que la población conozca su derecho a proteger sus datos personales.

La segunda de la terna, María Paulina Casares, propuso usar los mecanismos que provee la superintendencia para promover la contraloría social, para que vigile la ejecución de una política pública que favorezca a la protección de la información personal.

Sin embargo, la primera acción será levantar una matriz y buscar del Ministerio del Trabajo apoyo para la búsqueda de perfiles profesionales y luego, que la Secretaría Nacional de Planificación autorice la institucionalidad.

«Será un trabajo arduo, que no va a ser fácil implementar, porque hay que levantar manuales de procesos, estructura orgánica, funcionamiento y, mientras eso no tengamos, no podemos lanzarnos al vacío. Debe prepararse el aparataje estructural, conocer el tema presupuestario, no podríamos avanzar más de lo que el camino, humanos, técnicos e infraestructura permitirán», comentó.

Criterio similar tuvo Luis Enríquez, quien resaltó a su vez que esta superintendencia es un órgano técnico cuya estructura habrá que montar, apuntando al plano estratégico.

Su propuesta de trabajo se enmarcó en fortalecer las herramientas para prevenir el mal uso de datos públicos, la transparencia y la constitución de un servicio de atención a usuarios.

Además, cree que se debe edificar un sistema de gestión de datos y disminuir la discrecionalidad cuando se deba investigar una posible vulneración a la información personal, antes e aplicar una sanción.

La Autoridad de Datos Personales —como se la denomina en la ley— es la encargada de garantizar a todos los ciudadanos la protección de sus datos y de realizar todas las acciones necesarias para que se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos.

Entre sus funciones constan la de registrar las bases de datos que contengan datos personales en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales; dirigir y administrar el Registro único de Responsables y Encargados Incumplidos; emitir regulaciones para la protección de datos personales.

El reglamento a la ley, que se emitió en el gobierno de Guillermo Lasso, se establece que la Superintendencia tendrá autonomía administrativa, económica y financiera y tendrá su sede en Quito. (I)