La militancia del movimiento Construye prepara una denuncia penal en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres Maldonado, que resolvió extinguirlo del Registro Permanente de Organizaciones Políticas en el trámite de una infracción electoral por, aparentemente, incumplir las reglas sobre el financiamiento a la política.

El origen fue una denuncia que interpuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra del movimiento político Construye, lista 25, al acusarlo de incurrir en una infracción electoral contemplada en el Código de la Democracia por no presentar su informe económico financiero del periodo fiscal 2022.

La causa recayó en el despacho del juez electoral Ángel Torres Maldonado, quien en su fallo de primera instancia aceptó la denuncia del CNE y sancionó a Construye con su cancelación (extinción) del Registro Permanente de Organizaciones Políticas.

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A su representante legal, Iván González Vásconez, lo declaró responsable de incurrir en la infracción y lo sancionó a pagar una multa equivalente a 35 salarios básicos y la suspensión de los derechos políticos por dos años.

Simultáneamente, dispuso el envío del expediente a la Fiscalía y Contraloría General del Estado para su análisis.

Iván González presentó un recurso de aclaración y ampliación para que Torres explique la proporcionalidad de la sanción, pues la extinción del movimiento es la más rigurosa que contempla la ley electoral.

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En el presente caso, se acusa a Construye de cometer la infracción dispuesta en el numeral 1 del artículo 281 del Código que determina: «los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de su representantes y procuradores comunes en caso de alianzas, que no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos serán sancionados con multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política establecida».

La asambleísta de Construye, Ana Galarza informó en las últimas horas que la próxima semana acudirá con varios de sus coidearios a la Fiscalía General para entregar información que daría cuenta de que Torres estaría cometiendo un presunto tráfico de influencias.

«La información la vamos a presentar en la Fiscalía General, porque todo esto obedece a que el presidente, Daniel Noboa, necesita cogerse las firmas de otros movimientos» para que el CNE inscriba y legalice como organización política a Acción Democrática Nacional (ADN), fundada por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.

Los hechos que hacen sospechar a Galarza de que el juez estaría involucrado en probables actos irregulares se relacionan con el sorteo de la causa que correspondió al despacho de Ángel Torres. Luego, «una semana después al yerno (del juez) lo nombran director de ADN en Loja con la promesa de que le van a poner de candidato a la Asamblea Nacional. Y también los familiares del juez obtienen nombramientos en distintas instituciones del Estado…». ¿Cuáles? «Todas las hijitas», manifestó en una entrevista en radio Centro de Quito, difundida este 26 de abril.

Esta organización política alegó en su defensa que no presentó el informe económico porque no contaban con recursos económicos para ello.

No obstante, el argumento ahondó las dudas en el juez Torres, en cuyo fallo resolvió enviar el expediente a la Fiscalía General para que investigue posibles anomalías.

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Construye aún puede apelar la decisión de Torres para que lo resuelva el pleno del Tribunal Contencioso que lo componen cinco jueces. (I)