PSC y Construye oficializan pedido de juicio político a exministra de Energía Andrea Arrobo por crisis energética en gobierno de Daniel Noboa

Con 40 firmas de respaldo, este 24 de abril, se oficializó un pedido de juicio político en contra de Andrea Arrobo Peña, exministra de Energía y Minas, por incumplimiento de funciones y negligencia en el manejo del sector eléctrico para solventar la crisis energética.

Los proponentes del juicio son tres asambleístas: Ana Galarza y Jaime Moreno del movimiento Construye y Vicente Taiano del Partido Social Cristiano (PSC). De calificarse este pedido se deberá esperar que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea procese al menos nueve solicitudes presentadas y calificadas antes que ésta petición.

Paralelamente, el pleno de la Asamblea Nacional se instalará este 25 de abril para conocer el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendó el juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en la crisis energética durante el gobierno de Guillermo Lasso, la solicitud de interpelación la presentó la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), a través de la asambleísta, Nicole Saca.

El pasado 15 de abril, la Comisión de Fiscalización por unanimidad aprobó el informe que recomendó el juicio político contra Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas del gobierno de Guillermo Lasso, con el fin de ser censurado y con ello quedará inhabilitado a ejercer cargos públicos por los próximos dos años.

Santo Alvite será interpelado por el mal manejo de la crisis energética que provocó racionamientos y apagones en todos el país, lo cual generó pérdidas económicas al país.

Fiscalización recomienda el juicio político al exministro Fernando Santos por los cortes de luz

La mesa legislativa concluyó que los cortes de energía se pudieron prevenir, tomando en cuenta que la temporada de estiaje en la cuenca oriental ocurre de manera cíclica de octubre a marzo de cada año. Además, se determinó que en la administración de Fernando Santos, no hubo una declaratoria de emergencia para atender las necesidades del sector energético.

Pedido de juicio a Andrea Arrobo

Los tres asambleístas solicitantes del juicio político a Andrea Arrobo, relatan que en octubre de 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, el Ecuador enfrentó racionamientos de energía eléctrica por estiaje estacional de las cuencas hidrográficas, falta de mantenimientos programados de las centrales hidroeléctricas y térmicas, la ausencia de inversión en la expansión energética y los problemas generados por la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

En el gobierno de Lasso se anunció procesos de contratación de energía eléctrica adicional, para lo cual delegó a la Empresa Eléctrica Quito, pero el 22 de noviembre, una vez posesionado el gobierno de Daniel Noboa, se canceló la delegación.

Además, sostienen que hasta el mes de abril de 2024, no se realizaron las contrataciones que generarían energía adicional necesaria para satisfacer la sequía o estiaje, lo que significó depender de la contratación de energía eléctrica importada de Colombia, pero luego se conoció que el país vecino no venderá energía al Ecuador generando cortes del servicio.

Adicionalmente, el pleno de la Asamblea Nacional el pasado 10 de enero de 2024, aprobó el proyecto de ley de Competitividad Energética denominado “ley no más apagones”, que tiene entre sus objetivos incrementar la oferta de generación de electricidad promoviendo la inversión en el sector.

La exministra acusada, luego de aprobada la ley de Competitividad Energética señaló que “la ley constituye un cambio fundamental para que el país pueda salir adelante y no volver a vivir una crisis energética. El documento nos permite articular esfuerzos entre los sectores público y privado para de esta manera garantizar el suministro de energía eléctrica para la ciudadanía”.

Luego de cinco meses de posesionada la exministra, Andrea Arrobo, y a tres meses de aprobada la ley de Competitividad Energética, señalan los interpelantes, es evidente de la negligencia con la que ha sido manejado el sector eléctrico, porque los racionamientos energéticos persisten y no existe ninguna acción implementada para solventar la crisis.

Los legisladores proponentes del juicio sostienen que la inacción y omisión de la exministra Arrobo, constituye un acto atentatorio aún más grave en contra del principio constitucional de soberanía energética, porque la importación de energía se constituyó en la base para el abastecimiento, cuando debió ser considerado como un reforzamiento de la reserva.

De la información técnica obtenida, se conoce que no se han ejecutado en debida y correcta forma los planes de mantenimiento de las diferentes centrales hidroeléctricas y térmicas ocasionando la sobre saturación de las máquinas generadoras, esto sumado a la negligencia en la operación de las diferentes unidades generadores hidroeléctricas por debajo de los niveles aceptables de caudal y de los criterios técnicos establecidos para el efecto.

La exministra, según consta en el expediente del juicio, no dispuso el arreglo del parque térmico que se encuentra operativo al 50% por la necesidad de realizar arreglos y reparaciones, por lo que estas omisiones no han ayudado para poder disminuir la necesidad de energía proveniente de hidroeléctricas.

Se evidenciado que por las omisiones de la exministra Andrea Arrobo y el gobierno nacional se han provocado apagones nuevamente en el Ecuador pese a las varias alertas que se tenía por parte de técnicos y el Cenace, lo cual ha generado un perjuicio para los ciudadanos y el Estado ecuatoriano; de igual forma se evidencia que se podría estar forzando la capacidad de las plantas hidroeléctricas lo cual genera un riesgo a futuro para la estabilidad energética del país.

La asambleísta, Ana Galarza (Construye), sostuvo que los apagones no pueden quedar en la nada, tienen que haber sanciones para los responsables de las omisiones e incumplimiento de funciones. Lo que llama la atención que el gobierno afirma que hubo un sabotaje, pero los funcionarios señalados siguen al frente de las empresas eléctricas. El juicio lo apoyan los bloques Construye, Partido Social Cristiano y algunos legisladores independientes.

El legislador Jaime Moreno del movimiento Construye manifestó que el juicio está encaminado hacia las acciones que no se tomaron en su momento para evitar los apagones, y anunció que la próxima semana se llamará ante la Comisión de Biodiversidad al ministro encargado de Energía, Roberto Luque, para que informe qué acciones está tomando el gobierno para que se acaben los apagones

Al momento el pleno de la Asamblea Nacional tiene pendiente el debate de una resolución planteada por el bloque de la Revolución Ciudadana para que se convoque al ministro Roberto Luque, y explique al país el plan de acción frente a la crisis energética. El trámite de este tema está pendiente.

El legislador del PSC, Vicente Taiano, manifestó que la crisis energética tiene responsables y tienen que ser sancionados por cada nivel del poder público y para ello se presenta el pedido de juicio a la exministra Andrea Arrobo. En el desarrollo de ese proceso político se podrá determinar otros responsables.

Taiano comentó que la Asamblea Nacional debe exigir cuáles son las soluciones a corto y mediano plazo frente a la crisis energética, y para ello, planteó la necesidad de una comisión ocasional especial para que de manera técnica pueda pedir explicaciones y que en 45 días presente un informe ante el pleno donde se explique lo que pasó y que está proponiendo el gobierno para resolver el problema.(I)