Contar con una justicia independiente –garante del debido proceso, de los derechos humanos y en especial, para erradicar la impunidad- sigue siendo eso, una aspiración cada vez más lejana de concretar.

El funcionamiento del actual sistema de justicia es tristemente ineficaz, en gran medida por el recurso humano que lo compone. Muchas veces carente de capacidad, imparcialidad y verdadero control disciplinario objetivo. En otros casos obediente, directa o indirectamente, a quienes detentan cuota del poder político en la parcelación del sistema. Hay excepciones de encomio.

La detención de jueces de la Corte Provincial del Guayas, dentro de una investigación de la Fiscalía General, en el caso “Purga” (secuela del caso “Metástasis”), nos vuelve a encarar como sociedad que permite un sistema judicial permeado por la corrupción. EL UNIVERSO ha recogido la preocupación ciudadana por los implicados en el caso Purga: “Son jueces que han estado, en algunos casos, años en la Corte, se iniciaron como funcionarios judiciales, luego llegaron a los juzgados de primera instancia, para finalmente arribar a instancias de la Corte Provincial”. Varios intervinieron en causas de connotación pública, dictando sentencias o resoluciones cuestionadas, generalmente favorables a capos de la política o a conocidos delincuentes. A la par que retardaron otros procesos.

‘Se fue’ la luz…

‘Quedamos en lo dicho…’

Lo hemos dicho, la penetración de los partidos políticos en la Función Judicial es indetenible, al punto de evidenciar un fenómeno patológico por la renuncia tácita de la sociedad a exigir una verdadera purga y la eliminación de las cuotas de poder de los partidos y movimientos políticos, que han influido en la cúpula del órgano administrativo-disciplinario, para controlar decisiones judiciales, creando además un escudo protector para los jueces venales.

La situación ha empeorado desde la consulta popular del 2011 que interpretó el expresidente Correa como autorización para “meter la mano en la justicia”. Fue cuando se introdujo el control de los partidos políticos en el sistema judicial. Los funcionarios judiciales entendieron que su elección, promoción e incluso sanciones depende de su afinidad a los partidos políticos. Desde entonces deben actuar agrupados en bloques “ideológicos” y resolver las cosas trascendentales bajo esa “concepción”. Los buenos jueces que no han entrado en el juego tienen en riesgo su progreso profesional.

La intención del correísmo, detrás del control del sistema de justicia y que continúa en muchas parcelas provinciales con otras “franquicias”, propio de los regímenes autoritarios, fue blindar sus intereses y privilegios. Hoy se benefician también las redes ilícitas de delincuencia organizada, como lo está demostrando la fiscal general, Diana Salazar.

¿Qué hacer para tener operadores de justicia independientes probos? Pues depurar las judicaturas, sin los partidos políticos que han cooptado casi todos los procedimientos de depuración realizados en los últimos 40 años. Significa hacerlo con una Comisión Internacional contra la Impunidad, independiente de los poderes locales, con recursos económicos de países que puede convocar Naciones Unidas. (O)