Los resultados de las investigaciones de la fiscal general del Estado en el caso denominado Metástasis nos mantienen a muchos en una situación anímica que es mezcla de sentimientos de indignación, impotencia, incertidumbre, pero a la vez de admiración y esperanza por el rol de la doctora Diana Salazar, entre otras reacciones.

Ocho ‘jueces suicidas’, por el momento, son ubicados dentro de la organización criminal del caso Metástasis

Es probable que gran parte de lo publicado mantenga a un sector de la población alejado de la fe en el sistema legal, lo cual también es comprensible. No es fácil asimilar todo lo comunicado que, aunque algo se presumía, sin embargo hay detalles en las constataciones que provocaron sorpresa y aún nos mantienen absortos por la normalidad y simpleza de los mecanismos utilizados para corromper funcionarios judiciales y policiales y lograr así su alineamiento con los pedidos de los delincuentes, además de las grandes sumas de dinero (patrimonios) involucradas en las prácticas corruptas dentro del sistema judicial, administrativo y policial, en asocio con abogados que se identifican como “penalistas” o “constitucionalistas”. Todo en una amalgama del statu quo del poder político.

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Las revelaciones de la señora fiscal Salazar nos informan que en el caso Metástasis había “jueces suicidas” que en número de ocho integraban la “empresa criminal” de un capo, ubicados en distintos niveles de la Función Judicial, que aceptaban los recursos penales (apelaciones, cambios de delito...) y las acciones constitucionales de habeas corpus o acciones de protección a favor de algún miembro de la organización o la familia del capo.

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Estos jueces que estaban dispuestos a cumplir con las órdenes del “Patrón” a cambio de dinero los llamaban “los suicidas”. Pues a sabiendas de que estaban bajo el radar de la fiscal Salazar cumplían con el “Patrón”.

Uno de esos jueces recibía instrucciones a través del secretario, por videollamada realizada desde la prisión.

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Es decir, la fiscal Salazar nos ha confirmado a muchos abogados y no abogados, que el sistema judicial necesita urgentemente una profunda y exhaustiva purga de los jueces depredadores de la ciudadanía, pero con nuevos requerimientos para valorar la idoneidad profesional y ética, a introducir en el Código Orgánico de la Función Judicial. Hay que volver a los requisitos mínimos de edad y tiempos de preparación para acceder a los juzgados de primer nivel y, por cierto, a las Salas de la Corte Superior y de la Corte Nacional.

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Desde este espacio valoramos en sumo grado la labor de la fiscal general, Diana Salazar, y le pedimos que la continúe vigorosamente y sin tregua, y considere solicitar al presidente de la República la gestión con Naciones Unidas para conformar una Comisión Internacional de Lucha Contra la Corrupción e Impunidad similar a la CICIG, que en Guatemala apoyó el magnífico trabajo efectuado por la exfiscal Thelma Aldana en las rigurosas y complejas investigaciones que exige una decidida lucha contra la delincuencia organizada, cuando esta ha permeado las instituciones del Estado, tal como ocurre en nuestro país.

Aprovecho para desear a los amables lectores una muy feliz Navidad. (O)