En Honduras organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), creen que la instalación de una Comisión Internacional para la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad (Cicih) es necesaria para combatir las estructuras criminales, dada la falta de independencia judicial y de capacidad institucional del país. La vecina Guatemala adoptó con éxito un organismo similar entre 2007 y 2019.

Reformas legales necesarias

En enero de 2022, la presidenta Xiomara Castro asumió el Gobierno de ese país, “con un Estado de derecho quebrantado, con redes ilícitas incrustadas en la administración pública en todos los niveles. El crimen organizado estaba tan arraigado en las más altas esferas del Gobierno que en abril de 2022 se extraditó a Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de tráfico de drogas y armas de fuego. Algo parecido acontece en nuestro país, pero con variantes, según lo evidenció la investigación de la fiscal general, Diana Salazar, en el caso Metástasis. También en Honduras hay elevados niveles de corrupción e impunidad, tanto que en el 2022 el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional la ubicó en el puesto 157 entre 180 países. En Honduras, como en Ecuador, se ha comprobado que los reveses en los esfuerzos anticorrupción han sido producto de reformas legales y de argucias legislativas disfrazadas de “control político”, para obstaculizar la lucha contra la corrupción, ya que han impedido la investigación y el enjuiciamiento de corruptos, favoreciendo a la vez el lavado de dinero producto de peculados y el narcotráfico.

¿Fatalmente condenados?

Como reacción a los esquemas de impunidad generados en el Congreso hondureño, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a miembros del Poder Legislativo en su lista de retiro de visados conocida como “lista Engel”. Sanciones que también se habrían aplicado en Ecuador a exlegisladores, generales de la Policía y ciudadanos que fueron funcionarios públicos durante el correato por ser parte de estructuras del crimen organizado.

El caso Metástasis y la filtración de información que permitió la huida de involucrados en una enorme estructura delincuencial que hasta podría comprometer a más de 40 alcaldes del país, según reveló el exministro del Interior Patricio Carrillo, ha demostrado una vez más que las instituciones del Estado ecuatoriano destinadas a investigar y sancionar el crimen organizado necesitan el apoyo de más personal calificado y confiable, así como de recursos económicos suficientes.

Desde esta columna hemos venido insistiendo a los gobernantes que pidan a Naciones Unidas la creación de una Comisión Internacional de Lucha Contra Impunidad que ayude a nuestra Fiscalía General. Para hacerlo no se requiere de una consulta popular. En Guatemala no fue necesaria, tampoco en Honduras. Solo se precisa negociar un convenio y firmarlo. Ahí se debe aclarar el marco legal que permitirá a la Cicie (Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad de Ecuador) investigar junto con la Fiscalía la corrupción y perseguir la delincuencia organizada y a sus brazos armados. Solo voluntad política. (O)