Publicidad
Esta advertencia surge tras un alarmante aumento en los casos de sextorsión reportados al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de EE. UU.
Un allanamiento permitió recabar evidencias de que integraban una estructura criminal que operaba desde Quito.
También se investiga al detenido por el delito conexo con extorsión.
ADVERTENCIA: este artículo contiene lenguaje ofensivo y descripciones de violencia sexual.
La Policía lo detuvo con una investigación de inteligencia de organizaciones en Estados Unidos.
Una veintena de estados tiene en agenda una legislación para la verificación de edad.
Según la Policía, el menor comercializaba el material en páginas de internet.
Autoridades sospechan que estuvo involucrado en la producción y distribución de contenido sexual.
Según la Fiscalía, el caso fue alertado por entidades de Estados Unidos.
“El caso nunca hubiera sido presentado si no estuviera postulándome a presidente”, declaró Trump en su red social Truth Social.
La investigación de este caso comenzó en 2023 a partir de una alerta que recibió la policía local de una ONG.
El sentenciado pertenecía a una red transnacional dedicada a este delito, según la Fiscalía.
Apple y Google tienen la potestad de intervenir para controlar los contenidos que circulan en las apps mediante las reglas que imponen sus sistemas operativos.
El delito de posesión o acceso a material de pornografía infantil conlleva penas de prisión de hasta tres años.
Ese delito está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Un Tribunal de Garantías Penales de Ecuador los declaró culpables del delito de pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes.
La legislación sin duda también debe ser revisada con la nueva realidad y mejorar los controles digitales, estableciendo ilegalidades y sanciones.
Según la Policía, se están revisando los videos para determinar si en ese material hay menores ecuatorianos que fueron usados para esta actividad ilegal.
Leonid Radvinsky es un empresario ucraniano-estadounidense de 41 años con un patrimonio neto estimado de US$2.100 millones.
El último aprehendido fue en la provincia de Loja, en el sur del país.