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José Neira, director (e) de la UAFE, afirma que es necesario identificar al originario, beneficiario y a los intermediarios para controlar el lavado de activos.
Un informe oficial observa un «alto grado» de influencia de grupos delictivos. La Misión electoral de la OEA, preocupada por el financiamiento a colectivos.
El presidente habló de una alianza con Rafael Correa y Leonidas Iza, con el fin de desestabilizar al país.
Entre estas entidades no autorizadas se encuentra Big Money.
La Revista Semana reveló que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría aportado $ 80.000 para la campaña presidencial de Andrés Arauz, candidato de la Unión por la Esperanza (UNES).
El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio (TSVE) investiga si el expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue partícipe de un plan que permitió dar financiamiento al partido Podemos (izquierda) de España, actualmente parte de la coalición del Gobierno de ese país.
El infierno de la minería ilegal
2.700 agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron a la zona para retomar el orden y la seguridad.
Minería informal
Un total de 95 mil hectáreas se deforestan cada año en el país, cifra que se mantiene desde el 2008.
Vivimos un drama humano y de país. Periodistas, con los cuales somos cercanamente solidarios, secuestrados y asesinados porque cumplían su deber, porque la información libre es un grave riesgo para delincuentes que defienden enormes negocios.
Sai Bank, entidad financiera domiciliada en Curazao que opera sin autorización en Quito y Guayaquil, según la prensa. Curazao, país clasificado como paraíso fiscal, de acuerdo con el SRI. Sai Bank ofrece en su página: “…una amplia gama de soluciones financieras para personas jurídicas, corporativas y personas naturales de alto patrimonio…”.
Este tipo de productos financieros respetan la ley islámica (sharía) y entre otras cosas prohíben la especulación, los intereses (considerados como usura), los productos que tienen una incertidumbre excesiva o las inversiones que se considera que perjudican a la sociedad.
La ex primera dama de Francia, Carla Bruni Sarkozy, es el centro de la polémica, pues se le reclama que devuelva al Estado los 410.000 euros de dinero público (unos $ 540.000) que recibió la web de su fundación.