De “carácter impostergable” es como califica el juez penal de Pichincha Geovanny Freire la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Magnicidio FV, definida para este jueves, 5 de noviembre. Esta es la segunda convocatoria que se hace para la reinstalación, debido a que esta no pudo concretarse el 29 y 30 de octubre pasados.
En providencia del 30 de octubre, Freire considera que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio ya fue instalada y sustanciada y que las intervenciones de controversia de los sujetos procesales han concluido, por lo que, para el juez, lo que corresponde es continuar con las actuaciones jurisdiccionales pendientes, sin reproducir las etapas ya desarrolladas.
Básicamente, lo que el juez Freire debe dar a conocer es su decisión sobre si llama o no a juicio a las siete personas acusadas como autoras mediatas del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, el cual ocurrió entre la tarde y la noche del 9 de agosto de 2023.
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Días antes de la primera convocatoria, los abogados de los procesados Xavier Jordán y Daniel Salcedo solicitaron el diferimiento de la audiencia exponiendo motivos relacionados con señalamientos judiciales y temas de defensa: del lado de Jordán se alegó que su abogado tenía prevista una audiencia de revisión en la Corte Nacional de Justicia; mientras que, a nombre de Salcedo, se argumentó que existían problemas de comunicación con su defensa.
Con estos antecedentes, el juez ponente expuso que, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, la celeridad y la lealtad procesal, se previene a los sujetos procesales y a sus defensores técnicos que la reinstalación señalada para el 5 de noviembre de 2026, a las 09:00, tiene el “carácter de impostergable”.
“Se deja constancia de que esta autoridad ya atendió las solicitudes de diferimiento presentadas y concedió excepcionalmente su reprogramación, por lo que las partes deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar su comparecencia y evitar nuevas dilaciones injustificadas. Esta prevención no impide examinar circunstancias verdaderamente sobrevinientes y debidamente justificadas que comprometan garantías constitucionales”, anotó Freire, al tiempo que se dispuso, con la finalidad de garantizar la continuidad de la diligencia, que se oficie a la Defensoría Pública para que existan funcionarios que intervengan en la diligencia de este jueves, 5 de noviembre.
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Desde el 14 de agosto pasado se encuentra suspendida la audiencia preparatoria de juicio contra los cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos: Wilmer Chavarría, líder máximo ubicado con el alias de Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis. Así como el exministro del correísmo José Serrano; el llamado juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga; y el condenado por actos de corrupción en la salud y la justicia Daniel Salcedo.
Freire ingresó a deliberar la decisión que tomará respecto a los 20 días en los que escuchó el dictamen acusatorio que la fiscal Ana Hidalgo emitió contra los siete procesados y el pedido contra todos de que sean llamados a etapa de juzgamiento, los fundamentos de las tres acusaciones particulares y los descargos presentados por las defensas de los ubicados como autores mediatos del crimen al estilo sicariato cometido contra el expresidenciable de la Alianza Gente Buena-Construye.
Si la decisión final del juez Freire es llamar a juicio a los siete procesados por el delito de asesinato, definido en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la medida no podría alcanzar al menos a cuatro de los siete imputados. En el COIP, el asesinato es sancionado con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.
En la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, se encuentran alias Lobo Menor y alias Gordo Luis, de Los Lobos, y el exministro José Serrano. Este último, debido a un proceso migratorio, llegó deportado a Ecuador desde Estados Unidos el 28 de agosto pasado.
En cambio, quienes son vistos como prófugos, es decir, fuera del alcance de las manos de la justicia ecuatoriana y han incumplido la orden de prisión preventiva dispuesta en Magnicidio FV, son Jordán, Aleaga y Chavarría. El primero se encuentra detenido, desde el 16 de septiembre pasado, bajo custodia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) en el Winn Correctional Center, ubicado en el estado de Luisiana, dentro de un proceso migratorio en Estados Unidos; Aleaga, a quien se lo ubica con el alias de Ruso, se mantendría bajo el estatus de refugiado en Venezuela; y Chavarría, alias Pipo, está detenido en España a la espera de que se concrete su extradición a Ecuador para que cumpla lo que le resta de una pena de cárcel por un triple crimen ocurrido en 2010.
La etapa de juzgamiento no procedería contra estos involucrados en Magnicidio FV debido a que la norma vigente define que, de manera general, la etapa de juicio deberá ser enfrentada por el acusado de forma presencial y solo en casos excepcionales, que incluyen delitos graves contra la administración pública (peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito), los cuales están definidos en el artículo 233 de la Constitución, se podrá juzgar al imputado en ausencia.
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En la lista en la que están los procesados ubicados como prófugos, a quienes no se les podría realizar la audiencia de juzgamiento si son llamados a juicio, deberá incluirse a Daniel Salcedo, quien fue extraditado a Estados Unidos el 29 de octubre pasado, ante un pedido de la justicia de ese país por delitos relacionados con el tráfico de drogas, de armas y lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Paralelamente, ante los requerimientos hechos por el juez Geovanny Freire al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), el organismo estatal respondió que por la extradición de Daniel Salcedo ya no puede definir una entrevista entre el procesado y su abogada; y en el caso de José Serrano, ya se definió para la tarde del 30 de octubre pasado una reunión de una hora vía Zoom entre el privado de la libertad y su defensa. (I)