Los allanamientos por una investigación relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de contratos públicos en el Municipio de Cuenca y sus empresas públicas generaron la reacción de Juan Carlos Vega, exministro de Economía y Finanzas y candidato a la Alcaldía por el oficialismo, quien calificó de penoso que estas instituciones estén involucradas en denuncias de corrupción.
Vega consideró necesario que la Fiscalía General del Estado (FGE) profundice las investigaciones para determinar responsabilidades y sancionar a quienes hayan hecho un uso ilícito de los recursos públicos.
“Es realmente penoso que una institución tan querida como el Municipio de Cuenca, las empresas públicas, estén envueltas en estos temas de acusaciones de corrupción, de allanamientos. Pero, por otro lado, creo que es bueno que la justicia y la Fiscalía estén investigando y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, manifestó en una entrevista con este Diario.
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El exministro insistió en que las autoridades continúen con las diligencias y reúnan los elementos necesarios para establecer si se configuraron delitos en el manejo de fondos públicos, y solicitó a los entes de control que los resultados sean puestos en conocimiento de las autoridades judiciales para que, de comprobarse responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.
“Que los jueces determinen los culpables y que esos culpables sean sancionados con todo el peso de la ley para que esto nunca vuelva a pasar en Cuenca”, indicó el aspirante.
Las indagaciones de la Fiscalía ponen bajo la lupa a una presunta estructura de funcionarios, exasesores y contratistas que habría intervenido en contratos públicos de la administración del alcalde suspendido Cristian Zamora.
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Entre los convenios señalados constan posibles irregularidades en contratos para obras, servicios y eventos públicos.
Vega también lamentó que existan denuncias relacionadas con eventos artísticos que presuntamente no se habrían realizado y que supuestamente sirvieron para justificar desembolsos de recursos públicos. Incluso, estas alertas han sido objeto de informes de Contraloría.
“Lo peor de todo es que ni siquiera han sido usados en eventos artísticos, sino que las denuncias apuntan a eventos simulados para sacar fondos públicos”, expresó.
Anticipó que, de llegar a la Alcaldía, impulsaría auditorías financieras y de gestión en el cabildo y sus empresas públicas. La revisión abarcaría tanto al Municipio como a entidades como Etapa, EMOV y EMAC, con el objetivo de determinar el uso de los recursos, sus estructuras administrativas y las funciones de cada servidor.
Además, dijo que será necesaria incorporar una veeduría ciudadana integrada por representantes de la academia, líderes de opinión y dirigentes barriales, que permita supervisar la contratación pública y el manejo del presupuesto municipal.
A su vez, señaló que deberían examinarse las denuncias sobre personas que reciben remuneraciones de empresas municipales, pero que presuntamente desempeñan actividades ajenas a sus funciones institucionales y vinculadas con asuntos políticos. También cuestionó que las designaciones de funcionarios respondan a su pertenencia a organizaciones políticas en lugar de criterios de mérito y experiencia profesional.
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Este Diario conoció que las indagaciones que derivaron en los allanamientos apuntan a una presunta estructura que habría intervenido en el manejo de aproximadamente $ 11 millones mediante contratos municipales. Entre los aspectos investigados consta un supuesto mecanismo para obtener entre el 10 % y el 20 % de los valores adjudicados.
Dentro de las diligencias, la Fiscalía y la Policía allanaron cinco oficinas municipales y nueve domicilios, recolectando varios indicios, como teléfonos celulares, documentos y computadoras. (I)