La empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. (Ternape S.A.), relacionada con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, aparece mencionada en varios casos de corrupción.
El denominado caso Laberinto se la investiga porque habría servido para financiar la campaña presidencial de Luisa González y Andrés Arauz, candidatos del correísmo en las elecciones anticipadas de 2023.
Y esta persona jurídica, asimismo, ya fue sentenciada en el caso Triple A por supuesta venta irregular de combustiblerd, y está procesada por lavado de activos en el caso Goleada en los que Alvarez está acusado.
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También se la relaciona con el caso La Reina, en el que se investiga a Navila Dieb, exfuncionaria municipal, y algunos familiares, por lavado de activos.
Vehículos para Chávez
Ternape habría entregado dos vehículos al asambleísta Raúl Chávez, que llegó a su curul por la alianza de los movimientos Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO) en los comicios generales del 2025.
Chávez fue presidente nacional de RETO, agrupación de la que también Alvarez era parte.
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El legislador está fuera del país y en su contra está en firme una orden de la prisión preventiva que se dictó en el caso Goleada.
De acuerdo con el expediente de esta última causa, se registraron dos transferencias de vehículos a favor de Raúl Chávez y su empresa CHN sin pagos reales, entre ellas una Toyota Fortuner de propiedad de Ternape, a finales de marzo de 2023, por disposición del alcalde. En esa época, Chávez ya había sido electo como concejal de Guayaquil.
Para simular el pago, Chávez habría emitido una factura por $ 40.000 más IVA a Ternape, realizando un cruce contable ficticio. También se registra un vehículo Ford F-150 que, a finales de octubre de 2023, Ternape suscribió una carta de venta con la empresa CHN por un valor de $ 40.000, pero no hubo factura ni pago registrado.
Pese a estas transacciones, recoge la Fiscalía, “los estados financieros de CHM ante la Superintendencia de Compañías no registran contablemente la adquisición de ninguno de los dos vehículos”. Tampoco existen registros en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Dineros para Luisa
Según los elementos con los que cuenta la Fiscalía y que fueron expuestos en la audiencia de formulación de cargos del caso Laberinto, el 25 de junio de 2023, en tanto, se habría dispuesto que los gastos de la campaña de González fueran remitidos a Ternape para su pago.
De acuerdo con la institución, un día después una conversación atribuida a Aquiles Alvarez mencionaría un presupuesto máximo de $ 300.000 para brigadistas, camisetas y otros gastos, con la instrucción de pagarlos en efectivo.
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El caso Laberinto, en el que se investiga el delito de lavado de activos, se inició tras la remisión de copias certificadas de un expediente por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), sobre inconsistencias en el origen y sustento de aportes económicos y gastos de publicidad electoral que no habrían sido reportados durante las elecciones anticipadas de 2023.
En este proceso son investigados Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta de la Revolución Ciudadana; Santiago Díaz Asque, asambleísta de la RC suspendido y sentenciado a 29 años y cuatro meses de cárcel por el delito de violación; Estefanía Molina Freire, responsable del manejo económico de la campaña del correísmo en 2023 y Wendy Onofre Gaibor, secretaria del movimiento RETO.
La hipótesis de Fiscalía sostiene que alrededor de $ 500.000 habrían sido destinados al financiamiento de la campaña presidencial de 2023 con recursos de presunto origen ilícito.
Según la Fiscalía, ante el organismo electoral se declararon 64 aportaciones de personas naturales por $ 201.360,21 entre dinero y aportes en especie.
Además, según información atribuida a la UAFE, una cuenta vinculada registró ingresos por $ 204.846, todos mediante depósitos en efectivo, y egresos por $ 204.815. En contraste, señala la FGE, la campaña declaró $ 75.292,34 en aportes monetarios.
De acuerdo con la hipótesis de la institución, entre mayo y octubre de 2023 habría operado un mecanismo paralelo para financiar la campaña de Luisa González y Andrés Arauz, con recursos presuntamente vinculados a actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.
En su investigación, la Fiscalía identificó dos presuntas modalidades de financiamiento.
La primera consistiría en transferencias desde las cuentas de Ternape Petroleum S.A. hacia las empresas 911 Society y Monowave, proveedoras de material promocional, propaganda, producción audiovisual y eventos de campaña.
Aunque algunas proformas se emitieron a nombre de Revolución Ciudadana, las facturas posteriores habrían sido emitidas a nombre de Ternape Petroleum S.A.
Según la teoría del caso, una comunicación del 18 de agosto de 2023 indicaría que la factura no debía incluir la palabra ‘campaña’.
En esta ruta aparece la empresa 911 Society, relacionada con la esposa de David Dieb, procesado en el caso La Reina por presunto lavado de activos. Él es hermano de Navila Dieb.
La empresa Monowave, por su parte, estaría vinculada a Javier Antonio C. G., quien habría mantenido una vinculación laboral con Aquiles Alvarez en una empresa relacionada con el caso Triple A.
La segunda modalidad habría consistido en emitir cheques al portador desde las cuentas de Ternape para convertir recursos bancarios en efectivo y cubrir pagos a brigadistas, movilización, logística y otros gastos electorales.
El caso Laberinto se encuentra en fase de instrucción fiscal, por un periodo de 90 días, desde el pasado 23 de octubre, día en el que el juez Harry Navarrete dictó prisión preventiva para González, Díaz y Onofre y medidas alternativas para Molina.
En el caso Triple A, Ternape fue declarada penalmente responsable por comercialización ilegal de hidrocarburos y fue sentenciada con su clausura definitiva y disolución. El caso Goleada no concluye la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. El caso La Reina está en instrucción fiscal. (I)