Un colega abogado me formula una pregunta: ¿Los actores políticos que más noticias generan “valen” o “balen”?
Mi respuesta fue y es “valen”, puede ser menos o más, igual en diversos rangos de jueces y funcionarios, también quienes opinan.
¿“Valen” para qué?, podría ser una pregunta derivada.
Usted, lector, ¿qué cree? Veamos los significados.
“Vale” deriva del sustantivo “valor”, que también puede ser usado como adjetivo, para calificar comportamientos y actuaciones, y como conjugación en tercera persona del singular del verbo “valer”.
“Bale” es la forma ruidosa de expresarse de las ovejas, los corderos, los ciervos, de entre otros animales. Usualmente, lo ruidoso se expande por repetición. En sentido coloquial, “Balan más por el vino que por el pan”, “¿o por ambos?”.
En actuaciones de los últimos días, son múltiples los casos posibles de analizar, al tenor de lo dicho.
La falta de verificación, que es exigencia para las entidades públicas, no es argumento válido –ni ético– para no registrar obligaciones, cuando ha habido tiempo suficiente para hacerlo.
Pienso que el presidente Guillermo Lasso está superando la amenaza de destitución –y la presión para muerte cruzada– impulsada desde el correato, que parece quiso aprovechar la coyuntura de la agresión de la delincuencia organizada y del narcotráfico para extender espacios de control, incluyendo nuevas elecciones.
El Gobierno debe mantener absoluta transparencia, salir de las trampas que dejó el correato por verificaciones no realizadas en cuanto a obligaciones que se le reclaman, que no aparecen en las cuentas fiscales, aun cuando realmente se dieron las prestaciones, con programaciones de pago, porque no pueden imprimirse dólares.
La falta de verificación, que es exigencia para las entidades públicas, no es argumento válido –ni ético– para no registrar obligaciones, cuando ha habido tiempo suficiente para hacerlo.
Los atrasos inadmisibles son de años.
En la gestión pública que cumplí como secretario municipal de Guayaquil, 1969 y 1970, y luego como rector de la Universidad de Guayaquil, desde 1994 hasta el 2004, ningún proceso de verificación podía demorar más de treinta días. En uno y otro espacio, ninguna glosa.
Con el reciente posesionado procurador general del Estado, su diligente trabajo debe ser para que se evidencien acciones de protección y otros procesos que afecten decisiones y actuaciones legítimamente ejecutadas, que deriven en obligaciones multimillonarias, lo que no significa que siempre deban fallar los jueces a favor de las entidades públicas. Lo que sí debe ser obligatorio es la repetición de las entidades contra los responsables de indebidas actuaciones.
Están los recientes procesos de demanda a entidades del Estado por responsabilidad extracontractual, con danzas de decenas de millones, en que aun no hay una estrategia de defensa del Estado.
Comejenes o termitas que se introducen en construcciones y muebles no bien protegidos pasarían por tímidos e ineficientes, en comparación con las redes de los que todo traban y las que se forman con los infiltrados de interesados en los negocios públicos y en las decisiones a tomar. Los que todo traban son tan corruptos como los que “venden” soluciones.
Ninguna quiebra contra la corrupción, ni debilidad ante el crimen organizado. (O)
