En pocos días iremos a las urnas. Es la primera vez que un presidente elegido para completar el período que otro no pudo completar en virtud de la llamada “muerte cruzada” –una figura constitucional de dudosa conveniencia para nuestro país– busca ser reelegido. Lo que debe importarnos para la reflexión sobre las alternativas son los desafíos que enfrentará el nuevo Gobierno. De las respuestas a tales desafíos por los candidatos dependerá la viabilidad de nuestra nación.
El primer gran desafío del próximo Gobierno es desactivar la polarización que divide a la sociedad ecuatoriana. El discurso de la venganza, odio y revanchismo ha infectado buena parte de nuestra clase política, y hace prácticamente imposible llegar a consensos que son tan urgentes. Los resultados de las elecciones legislativas deberían llamar a la reflexión a las dos tiendas finalistas. Cada una de ellas logró casi la mitad de los escaños. Algo inusual en el Ecuador y en la región. Que luego esas mayorías se lleguen a desgranar es otra cosa. Lo importante es lo que semejante división nos está diciendo. Profundizar la polarización y usar el poder para satisfacer rencores hará al país más ingobernable.
Otro desafío del próximo Gobierno es el de la violencia e inseguridad. El problema no es nuevo, ciertamente. Y es un problema que probablemente no podrá resolverse. Nuestro país, debemos reconocerlo, no volverá a ser la isla de paz que fue décadas atrás. Ahora somos parte del océano de violencia que entonces nos rodeaba y que mirábamos como algo lejano y extraño a nosotros. Tal como ha sucedido en otras naciones, hoy los carteles y el narcotráfico se han llegado a instalar en los pasillos del poder político. Eso es lo que diferencia al Ecuador de países como El Salvador. Nuestro problema es mucho más complejo. Cómo será el poder que ostentan estas mafias, que abiertamente han admitido que financiaron la campaña en contra de la consulta que propuso Lasso en 2022. El desafío de reducir el poder del narcotráfico no se va a arreglar llegando a un acuerdo con él y menos cediéndoles espacios de poder a sus operadores políticos. Por ese camino llegaremos a la situación de Venezuela o México. El otro desafío es la corrupción. El Ecuador sigue siendo catalogado a nivel internacional como uno de los países más corruptos del mundo. Y el eje de esa corrupción radica en su sistema judicial. Hay obviamente excepciones, muy meritorias ciertamente, pero insuficientes. La labor que ha venido desempeñando la Dra. Diana Salazar ha sido ejemplar. El país le debe mucho a ella. Logró destapar los desagües que comunican a la clase política con el crimen organizado. Nadie se había atrevido a hacerlo. Pero el problema estructural persiste.
Finalmente, está el problema económico. El incierto entorno internacional, las amenazas a la dolarización, la falta de inversión extranjera, las ineficiencias del sistema, bajo crecimiento económico, el alto desempleo, y el agobiante déficit fiscal son elementos que suman un cuadro complicado. Y claro, está además el problema de una pomposa constitución de 444 artículos mal escrita, y que resulta ser un serio obstáculo para la democracia y para la prosperidad del Ecuador.
La ciudadanía deberá escoger cuál de las opciones responderá mejor a estos desafíos. (O)
