No es que los funcionarios de los gobiernos locales sean angelicales o más eficientes, sino que la descentralización introduce la competencia en el ordenamiento político, evitándose así la peligrosa concentración de poder. James Gwartney lo resumió en Economía del sentido común (IEEP, 2006): “La competencia entre las unidades descentralizadas del Estado –los gobiernos de los estados y locales– también pueden ayudar a proteger a los ciudadanos de la explotación estatal. Un gobierno no puede ser opresivo cuando sus ciudadanos pueden elegir la ‘opción de salida’ –mudarse a otra ubicación que provea un nivel de servicios públicos e impuestos que les parezca más agradable–”.

El argumento más común es que la corrupción y el despilfarro son peores a nivel local, pero esto olvida que, con la segunda bonanza petrolera y la mayor concentración de poder durante el correísmo, se exacerbaron estos males y el Gobierno central ya va para el duodécimo año en crisis fiscal. El gobierno actual ha venido emulando el modelo correísta de capturar las instituciones del Estado. Por ende, no sorprende que también tenga un afán centralista dado que las autonomías limitan el rango de acción del gobierno nacional. Cualquier descentralización de competencias a los cantones, con su respectiva capacidad recaudatoria, regulatoria y de gasto, reduciría el espacio para cometer daños.

En un país con instituciones débiles, la corrupción es algo transversal que afecta todos los niveles del gobierno, por lo que la variable independiente no es la descentralización, sino la falta de Estado de derecho. Pero precisamente para desarrollarlo, nos convendría fortalecer la autonomía local como un laboratorio de múltiples y simultáneos ensayos de diversos modelos de administración pública.

Santiago Calvo y Francisco Cabrillo en su estudio sobre España (2020) sostienen que no es que las autonomías allí han fracasado, es que están mal diseñadas. La clave estaría en cómo se financian los gobiernos locales: “Una financiación basada en ingresos propios de estas entidades políticas permite al votante ver que existe una relación concreta entre más servicios públicos e impuestos más elevados”. Lo que sucede en España es un clásico problema de free riders: “Si los Gobiernos autonómicos gastan y es el Gobierno central el que recauda, la estrategia de los primeros será la de actuar como free riders, gastando por encima de sus posibilidades y tratando de conseguir, después, una mayor participación en el reparto de los ingresos”.

La solución no sería más centralismo, sino transitar hacia un modelo federal con descentralización profunda, donde cada cantón o región asuma todas las competencias centralizadas excepto defensa externa, relaciones internacionales, la Corte Suprema y un fondo solidario para emergencias –con su equivalente capacidad recaudatoria y salvaguardando la responsabilidad fiscal–.

La historia nos enseña que los órdenes descentralizados florecieron mientras que los centralizados fenecieron. Nassim Taleb cree que la fortaleza de Occidente yace precisamente en que “no tiene centros fijos de autoridad”, otra característica que los hace más “antifrágiles” dado que gozan de mecanismos de autocorrección y limitan los riesgos y daños al nivel local. (O)