El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y la paz social; para cumplir con esta garantía, emplea el monopolio de la fuerza a través de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), este es un mecanismo fundamental para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de los derechos.

Hay que señalar que todas las FF. AA. en el mundo tienen normas de empleo en enfrentamientos en periodos de crisis y para tiempos de paz, en operaciones rutinarias, normas de comportamiento.

Ecuador es pionero en la capacitación de su personal –oficiales y tropa– en el respeto a los derechos humanos, igual en derecho humanitario; para hacer realidad esta gran tarea, las FF. AA. firmaron un inédito convenio con la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (Aldhu).

Sobre este tema, transcribo una carta de Juan de Dios Parra, secretario general de Aldhu:

“Santiago de Chile. Se trata de una fuerza militar reconocidamente democrática, respetuosa de su población, integrada a la vida nacional y comprometida profundamente con el devenir de su sociedad. Recordamos que esa fue la primera fuerza militar en el mundo que sometió a todos sus integrantes a un profundo proceso de formación en derechos humanos, avalado por las Naciones Unidas y ejecutado por Aldhu, que le mereció altos reconocimientos universales. Recordamos también que esa es la misma fuerza armada que en plena guerra del Cenepa integró en sus avanzadas a miembros de nuestra organización para verificar en el terreno el respeto a los procedimientos humanitarios y al derecho internacional de la guerra, especialmente en el trato a los prisioneros. Recordamos también que esa es la misma fuerza armada que cobijó en sus mandos a oficiales tan destacados por su compromiso con los más altos valores de la humanidad, la justicia, la democracia y la paz, como lo fueron Carlo Magno Andrade, Miguel Iturralde, Paco Moncayo, José Gallardo, Alberto Molina y Luis Hernández, por mencionar solo a algunos”. Esto creó un gran compromiso en sus filas.

La desaparición y muerte de cuatro menores en Ecuador debe ser investigada con extremado rigor siguiendo el debido proceso, si es necesario con veeduría internacional hasta identificar a los responsables, que la justicia sea implacable y les aplique todo el peso de la ley.

Lo que se vive es fruto de la violencia irracional que nos han sometido las bandas criminales, se suma la trágica muerte de los menores, esto nos obliga a reflexionar profundamente y a propiciar un amplio debate sobre el rol de FF. AA. en el conflicto armado interno. Igual, cuánta responsabilidad tienen las autoridades en todos los niveles, la sociedad y qué han hecho a favor de los niños y jóvenes marginales que fácilmente son cooptados por las mafias.

Lo que repugna es que haya gente que obedece a consignas, aprovechando esta tragedia y el anonimato de las redes sociales, se han dedicado a difamar a las FF. AA. sin reconocer el esfuerzo y sacrificio que hacen los militares por devolvernos la paz en esta compleja guerra asimétrica; además, no tienen escrúpulos para tratar de sacar réditos electoreros. (O)