En Ecuador enfrentamos una crisis derivada de la baja “productividad” de las entidades seccionales (municipios, consejos provinciales y, en general, todas las corporaciones que el correísmo bautizó como los GAD, “gobiernos autónomos descentralizados”). Los resultados de su actividad no están en proporción a los gastos que generan, con pocas, si es que alguna, excepciones. El Gobierno central se dispone a imponer reformas a las leyes que rigen para estas organizaciones, que les obligarán a generar “resultados” más acordes con el nivel de gastos. Las nuevas normas impondrán a los municipios y otros GAD a emplear sus ingresos en un 70 % en “inversiones” y el 30 % restante dedicar al “gasto corriente”, entendiéndose por tal los egresos administrativos y los salarios de los funcionarios. La realidad es que las entidades cuestionadas tienden a dedicar sus egresos en la proporción contraria y todavía más allá.
Provincias, cantones y parroquias se defienden contradiciendo los criterios que califican a una u otra erogación, como gasto o como inversión. Es verdad que se trata de una disquisición difícil y en buena parte relativa. Además, la imposición gubernamental podría ser una violación de la autonomía que por tradicional definición tiene este sector. El Ejecutivo basa su condicionamiento en que las entidades seccionales dependen para su subsistencia de las “asignaciones” que en el presupuesto general del Estado se les concede. Y ese es el verdadero talón de Aquiles de su autonomía... perdón, el uso de esta metáfora mitológica no alude a nadie en concreto.
En síntesis, los GAD no son autosuficientes y es difícil que la gran mayoría lo sea alguna vez. Analicemos cómo están constituidos los cantones de la República, que son ciertamente los gobiernos seccionales de mayor trascendencia política. Tenemos 221 cantones. Pero 20 de estas circunscripciones solo comprenden una parroquia, ¿es necesario ese solapamiento que resulta ilógico? Y otros 20 tienen solo dos, lo que allá va a dar. Además, 13 tienen menos de 100 kilómetros cuadrados y 30 menos de 200. No parece conducente esta superfragmentación del territorio. Por otra parte, 16 tienen menos de 5.000 habitantes y 45 menos de 10.000. O sea que tienen menos habitantes que funcionarios un municipio grande. Para calificar la conveniencia de cada caso, señalemos que hay cantones extensos con escasa población y otros muy poblados con poco territorio, tampoco se pueden ignorar las distintas facetas socioeconómicas. Lo pequeño es hermoso, siempre lo hemos dicho, pero si un automóvil es tan pequeño como para que no pueda entrar una persona, ya no es un vehículo, sino un juguete.
Es evidente que se necesita una reingeniería del ordenamiento territorial ecuatoriano, en la que este aspecto de dimensión de las unidades es uno más, políticamente muy complejo, pero que alguna vez debe ser abordado. En el tema de los gastos cabe pensar que muchos podrían ser disminuidos e incluso obviados si los GAD tuviesen libertad, rigurosamente controlada claro, de contratar con entidades privadas para la provisión de servicios que ahora se ven obligados a realizar con su personal, costosos equipos y baja eficiencia. (O)
