El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha planteado el ingreso de fuerzas especiales internacionales para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional, para lo cual ha instruido a la Cancillería realizar acercamientos tendentes a concretar los acuerdos de cooperación que lo viabilicen.
No obstante, esta idea ha levantado todo un avispero, producto de los múltiples cuestionamientos recibidos, ya por la fuente de origen de la propuesta como por las implicaciones que representaría la presencia de fuerzas especiales extranjeras en el territorio nacional.
En efecto, que esta iniciativa haya sido comunicada por la Presidencia de la República y no desde el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, de inicio, abre la interrogante de si antes del anuncio oficial existió el debido análisis, estableciendo con claridad el tipo de cooperación requerida; su temporalidad; niveles de participación de las naciones amigas; costos y financiamiento de las operaciones; relacionamiento de la fuerza pública y los actores foráneos; situación legal, incluidas las inmunidades o no de quienes formarían parte de las fuerzas especiales; impacto de la imagen del país frente a la comunidad internacional, entre muchas otras preguntas válidas.
Por otro lado, y si bien el anuncio habla de sujetarse al marco constitucional existente, esto nos lleva a tomar en consideración el art. 5 de la carta magna, el cual expresamente prohíbe el establecimiento de bases o de instalaciones militares extranjeras. Bajo ese paraguas normativo, entonces, ¿qué específicamente le está permitido al Ecuador aceptar como cooperación internacional en materia de seguridad atada a la expresión fuerzas especiales?
Asimismo, no se pueden soslayar y menos minimizar las implicaciones que tiene el presentarse ante la sociedad de naciones como un sujeto internacional que no ha adquirido la suficiente mayoría de edad y que requiere de la tutela de otros para enfrentar al narcotráfico y al crimen transnacional. Así, ¿hasta qué punto esta declaratoria constituye una expresión manifiesta de incapacidad interna para atender la inseguridad? ¿Estamos hablando, acaso, de una especie de Estado fallido, donde el derecho a la vida de la población ya no estaría garantizado?
Valga decir, también, que con esa radiografía que nos desnuda con una enorme debilidad institucional difícilmente se podrá receptar inversión nacional o extranjera para reactivar una economía en franca recesión y con un mercado laboral cada vez más precario.
Lo cierto es que este pedido de ayuda tiene como lectura implícita el fracaso del Plan Fénix. Tanto es así que, de mantenerse la actual tendencia, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes podría cerrar el año 2025 en 50 puntos, con lo cual nuestra sufrida nación estaría posicionándose como uno de los lugares más violentos de la región y el mundo.
De ahí que, para realizar anuncios con implicaciones tan sensibles, se lo debe hacer con absoluta prudencia y midiendo sus repercusiones. Lo que corresponde, siempre, es actuar con serenidad y visión de estadista. No lo olvidemos. (O)
