Señor presidente, usted ha hecho algunas propuestas de reformas a la Constitución, como permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, con lo cual podríamos robustecer la lucha contra el narcotráfico, que genera crímenes y violencia en el país; eliminar el financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos, que causa erogación de dinero público en beneficio de grupos y grupúsculos, como los de “última generación”, que tuvieron trece candidaturas que no lograron siquiera el 1 % de apoyo ciudadano; quitar de la lista de grupos de atención prioritaria a los privados de libertad que convierte a los delincuentes en víctimas, asimilándolos a los adultos mayores, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y aquellos que padecen enfermedades catastróficas o de alta complejidad; y, ajustar las condiciones de prisión preventiva para el combate al terrorismo y el crimen organizado, porque no es posible que gocen de este beneficio quienes cometen graves delitos en contra de la humanidad, así como los delincuentes de cuello y corbata, porque esta medida les permite fugarse del país, evadiendo el cumplimiento de las sanciones que les corresponde.
Por otro lado, frente a los hechos comprobados en los procesos judiciales denominados Plaga, en el que jueces, abogados, policías y funcionarios del SNAI se confabularon para obtener réditos económicos por la liberación e impunidad de personas privadas de la libertad; Pantalla, en el que los hoy exfuncionarios de la Judicatura y una jueza penal, abusando de su influencia, se unieron para lograr información a fin de poner a ciertos personajes en la Corte Nacional; y, en el de Liga 2, por el que convirtieron al CPCCS, al decir del fiscal subrogante, Wilson Toainga, en “la sede de un partido político en donde su principal objetivo era captar tantos espacios de poder como fuera posible, convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan… quienes lejos de cumplir su rol constitucional como autoridades electas por el pueblo ecuatoriano se dedicaron a proyectar un control del Estado por medio de varios tráficos de influencias, ofertas de tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, usurpación y simulación de funciones públicas…”. Sin duda, el CNJ y el CPCCS deben desaparecer.
Debe eliminarse la figura de la Vicepresidencia, y establecer que, en caso de ausencia temporal del presidente, este tenga la facultad de encargar sus funciones a uno de sus ministros; y, en caso de que falte definitivamente, que lo designe la Asamblea.
Debe suprimirse, además, la “muerte cruzada” por haberse demostrado, con la experiencia que acabamos de vivir, que es contraria a los intereses nacionales, toda vez que el nuevo gobernante, elegido para tomar la posta de quien abandona el barco, no puede arreglar el país en corto tiempo y nos coloca en situación de incertidumbre por unos dos años, vistos los comicios que se deben realizar.
Sugerimos eliminar la prohibición de contratar el trabajo por horas, porque impide a quienes pueden prestar sus servicios bajo esta modalidad ganarse la vida de modo digno.
Lo ideal sería hacer una nueva Carta Magna. ¡Adelante, presidente! (O)
