En nuestro país, a lo largo de los casi 46 años de vida democrática, la Función Legislativa históricamente era conocida como Congreso Nacional; en la Constitución de 1978, se la bautizó con el nombre de Cámara Nacional de Representantes, en la de Montecristi (2008), se la denominó Asamblea Nacional. La tendencia del gobierno de la llamada revolución ciudadana era cambiar de nombre a las instituciones como si eso cambiara su naturaleza.
No hay en el mundo una legislatura que goce de la confianza, simpatía o apoyo ciudadano; hasta en los países “más desarrollados” se han visto peleas y enfrentamientos físicos y verbales; nuestro país no es la excepción, el Congreso ha sido escenario de cenicerazos, duras agresiones y amenazas verbales, peleas a puñetazos, insultos de toda laya y hasta bala.
Entre los muchos chistes que circulan sobre nuestros “honorables”, uno me causó mucha gracia: un borrachito, amanecido, pasaba por las inmediaciones del Congreso y escuchó al interior de ese “sagrado recinto de la democracia” que los “honorables” se gritaban de todo: ladrón, sinvergüenza, farsante, traidor, corrupto, vendido; el borrachito, en su sopor y para sí mismo, se dijo: creo que les están pasando lista a los diputados.
Ya en serio, nuestros representantes, elegidos por nuestra voluntad, a través del voto; pese a las carencias económicas que sufre el país, están ahí ganando un jugoso sueldo, más viáticos y otros estipendios; por lo tanto, tenemos el derecho de pedirles cuentas, muchos de ellos no han llenado las mínimas expectativas ciudadanas. Se conoce que hay comisiones que no funcionan por meses y sus miembros están empeñados en obstruir el trabajo del gobierno de turno porque simplemente son opositores, convocan a ministros y a otras autoridades para que expliquen cualquier cosa y les obligan a presentar voluminosos documentos o le siguen juicio político.
En estos tiempos de violencia y agudos problemas político-sociales, la mayor demanda ciudadana es seguridad y trabajo; los asambleístas deberían ser los llamados a hacer el máximo esfuerzo para ayudar a resolver tan complejos problemas, simplemente ignoran por cálculos políticos.
La remuneración que recibe un empleado público o privado, autoridad nombrada o elegida debe estar acorde con su responsabilidad y a los resultados de su tarea. Cada asambleísta de los 151 recibe un sueldo mensual de $4.759, más un bono de residencia por $ 1.410, total $ 6.169; además, pasajes aéreos o compensación por movilización terrestre; viáticos cuando cumplen tareas dentro o fuera del país. Aparte de lo señalado, cada asambleísta dispone de 4 colaboradores; un asesor 1 con un sueldo de $3.014; asesor 2 con $ 2.459 y cada uno de los asistentes $ 1.394, total $8.256, sin los beneficios de ley.
En suma, cada legislador recibe mensualmente $ 6.169 más su equipo de trabajo $ 8.256, total $ 14.425, sin contar los décimos tercer y cuarto sueldos, esto quiere decir que mantener a 151 asambleístas, a sus asesores y asistentes nos cuesta a los ecuatorianos más de 26 millones de dólares al año. El Perú tiene casi el doble de habitantes y el Congreso funciona con 130 diputados. (O)
