La superación de la dependencia de cualquier ciudadano de la voluntad de quien tiene el poder de imponerla por la fuerza, se concreta históricamente a través de la construcción de instituciones jurídicas que definen los comportamientos aceptables de la gente en el complejo escenario de la convivencia social, limitando el ejercicio de la fuerza individual o grupal que se pueda ejercer en cualquiera de sus ámbitos… político, militar, religioso, económico, científico o tecnológico. Todo está regulado por el derecho y la justificación de base para esa prerrogativa se encuentra en la necesidad de proteger los intereses individuales y colectivos desde una instancia neutra, el Estado, a la que se le entrega la representación de los intereses de todos para que los regule y preserve.
Las instituciones jurídicas son creaciones intelectuales destinadas a garantizar un interés, valor o principio, forjando, desde esa necesidad de protección, un esquema que da forma a la idea de lo que se tutela, para desde esa creación, prescribir lo que se puede hacer o no.
Las instituciones forman parte de los sistemas jurídicos que cuentan, además, con otros elementos que los conforman, como leyes, resoluciones judiciales o administrativas, costumbres o usos jurídicos, doctrina; y, principios generales que son los fundamentos filosóficos de lo jurídico y al mismo tiempo sus objetivos mayores, como la justicia, que es la razón de ser de ese complejo sistema de convivencia de obligatorio cumplimiento para todos.
Nadie, jurídicamente, puede imponer su voluntad al otro al margen del derecho. El libre albedrío, la libertad individual y colectiva, únicamente pueden ser concebidas y ejercidas dentro del marco de las normas jurídicas. El poderoso y el que no lo es, el ciudadano simple, todos, son considerados por el derecho como iguales en cuanto a sus deberes y responsabilidades legales.
El sector público en el que se encuentran los mandatarios y al que accedemos los ciudadanos para todo tipo de acciones que tengan que ver con servicios que brinda el Estado, es estricto en cuanto a lo que pueden hacer o no los funcionarios públicos y los ciudadanos. Sin embargo, el deber ser que representa el respeto a ese marco normativo, en la práctica, es violentado sistemáticamente por algunos servidores públicos y también por muchos ciudadanos. Esa realidad, se hace cada vez más evidente entre nosotros y representa una suerte de desintegración del sistema por incumplimiento de las normas sin que, en muchos casos, esa realidad conlleve sanciones para los transgresores que actúan como si tuviesen patentes de corso o estuviesen autorizados para hacerlo.
Así, lentamente, pero a paso firme, la indefensión del ciudadano común es cada vez más evidente, porque el respeto a la ley, para muchos es una entelequia porque no tienen la posibilidad de exigir que se cumpla. Escribo algunos ejemplos de desamparo legal por la ineficacia del derecho: carros sin placas, conductores que no respetan las leyes de tránsito, minería ilegal, uso inadecuado de espacios públicos, robo de energía eléctrica, robo de gasolina y petróleo, secuestros y extorsiones… entre otros tantos. (O)
