Siempre se ha considerado que los congresos, senados, asambleas, cámaras de representantes, de diputados, etc., son los representantes del pueblo y han tenido una historia en común y entre otras atribuciones, las principales han sido legislar y fiscalizar.
El Senado, de Senatus (consejo de ancianos), nació en Roma durante los siglos VIII y VI a. C., formado por los ancianos de las familias patricias más poderosas, además, al ser un órgano consultivo, tenían como funciones fundamentales ayudar y aconsejar al monarca en sus tareas de gobierno, frenar el abuso de los magistrados, declarar la guerra y recibir a los embajadores, entre otras atribuciones.
Nos saltamos al siglo XVII, “La División de poderes fue inicialmente teorizada en el Segundo Tratado sobre el gobierno civil, un manuscrito político de 1690 escrito por el filósofo inglés John Locke (1632-1704) donde distingue un Poder Legislativo que crea las leyes (el principal para Locke); un Poder Ejecutivo que vela por la ejecución y aplicación de las leyes y un Poder Federativo que conduce las relaciones internacionales, en particular el poder de hacer la guerra, celebrar tratados y establecer relaciones diplomáticas.
Sin embargo, la separación de poderes es materializado por el filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat (1689-1755), Barón de Montesquieu, quien en 1748 escribió El espíritu de las leyes, que identificó tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La diferencia entre división y separación es que en el primero se acepta la preponderancia de un poder sobre otro, como John Locke llamaba al Legislativo el “Poder preponderante”, y en el segundo su finalidad es la mutua anulación entre los diversos poderes para que ninguno pueda dominar ni ser dominante”.
En nuestro país, en los últimos 46 años, este poder del Estado ha cambiado varias veces de nombre. Históricamente era conocido como Congreso Nacional; en la Constitución de 1978 se le puso el nombre de Cámara Nacional de Representantes, en la Constitución de 2008 se la bautizó como Asamblea Nacional. Con la frivolidad y arrogancia característica propias de Rafael Correa y sus áulicos se dijo que con la nueva Constitución superaron a Montesquieu porque se crearon dos nuevos poderes: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Función Electoral.
La tendencia del gobierno de la llamada revolución ciudadana del socialismo del siglo XXI era cambiar de nombre a las instituciones, simplemente resultaba un cambio de fachada. No hay en el mundo un Congreso, o como se quiera llamar, que goce de la confianza, simpatía o apoyo ciudadano; ninguno como el nuestro, donde campean la mediocridad, los pactos de trastienda, camisetazos y con las excepciones del caso, está inundado de “analfabetos constitucionales”, en vez de superarse en calidad, tenemos cantidad, ahora con 151 asambleístas, 14 más que el anterior.
Con los resultados de las elecciones, se inaugura en nuestro país el bipartidismo, dos fuerzas políticas del mismo calibre, está por verse si habrá encontronazos o pactos. Los ecuatorianos queremos seguridad, trabajo, paz y justicia. (O)
