Esa Constitución es un esperpento. Impide cualquier plan serio de superar los graves problemas del país. Y no es que reformando normas uno puede conseguir que un país que atraviesa tan serios problemas pueda salir del subdesarrollo en cuestión de meses. Pero es que mantener nuestra Constitución inalterada es un impedimento insuperable para echar a andar cualquier política pública decente.
El Ecuador no necesita que se instalen 200 políticos durante 12 meses con poderes omnímodos para reinventar el país. Pero lo que sí necesita son cambios puntuales a la Constitución de Montecristi.
En primer lugar, hay que reformar el sistema de garantía de derechos. Los constituyentes de Montecristi decidieron repartir derechos a mansalva. Le dieron derechos hasta a los árboles. Y luego permitieron que cualquier juez, de cualquier jurisdicción, pueda hacer directamente exigibles estos derechos, desconociendo leyes, reglamentos y contratos. El resultado ha sido un Estado de absoluta inseguridad jurídica, donde todo vale y el más ignorante de los abogados aparece como experto constitucionalista para conseguir que cualquier juez ordene cualquier cosa. Es con base en ese sistema de garantía de derechos, que los jueces corruptos tienen las herramientas jurídicas necesarias para dejar libres a los criminales aun cuando se les presente la más clara evidencia en su contra.
En segundo lugar, hay que reformar el régimen de inversión. En el Ecuador existen importantes oportunidades de negocio en energía, petróleo y minas. Pero la Constitución de Montecristi les dio a estas áreas el estatus jurídico de “sectores estratégicos” y reservó su administración a las ineficientes, descapitalizadas y corruptas empresas públicas. El resultado ha sido déficit energético, menos producción petrolera y casi nula inversión minera. Además, para rematar, la Constitución prohibió que los tratados de protección de inversiones contengan disposiciones que sometan las controversias entre los inversores y el Estado a arbitraje internacional. Con esto ha conseguido espantar a la marginal inversión privada que podía venir a contratar con las empresas públicas en los sectores estratégicos.
El dictador Maduro y el Esequibo
En tercer lugar, hay que reformar el sistema de poderes públicos. Es famosa la declaración de una constituyente que estuvo a cargo del diseño de las funciones del Estado en Montecristi en el sentido de que él debía irse al infierno por haber creado el Consejo de Participación Ciudadana. Es que ese organismo ha sido nefasto. Lo único que nos ha dado son autoridades de control corruptas, como el Contralor 100/100.
Finalmente, hay que reformar los poderes que el Estado tiene para luchar contra el crimen organizado. La prohibición de bases extranjeras de la Constitución de Montecristi no se compadece con nuestra realidad. El crimen trasnacional ha hecho base en el país y necesitamos de la colaboración de otros países para hacerle frente.
El triunfo del presidente Noboa es la muestra de que este país no quiere convertirse en Venezuela, que pide leyes que den seguridad jurídica y no que protejan a los delincuentes, que promuevan la inversión privada y que garanticen una correcta distribución de los poderes del Estado. Ahora es el momento de reformar ese esperpento jurídico que tenemos como Constitución. (O)
