Obligar a la ciudadanía a votar convierte a este derecho civil y político en un instrumento electoral que legitima la mala calidad de la representación política así como de la democracia. Esta obligatoriedad del sufragio condiciona a la libertad cívica a ejercer un derecho-deber que no garantiza el cumplimiento del bien común, debilita la voluntad soberana y reduce la confianza social en la institucionalidad del Estado.
Los últimos procesos electorales realizados en nuestro país reflejan un sistema político fallido. De acuerdo con Latinobarómetro, Ecuador registra un 71 % de desinterés en política, el 78 % de la ciudadanía no se siente representada por un partido político, el 88 % de la población afirma que la Asamblea no le representa y el 81 % de los votantes señala que las elecciones en el país son fraudulentas. Con respecto al valor del voto, el 43 % de la población considera que el sufragio no garantiza un mejor futuro. Estos indicadores evidencian el hartazgo político que siente la ciudadanía al estar obligada a acudir a las urnas sin comprometerse de manera consciente y responsable con el proceso electoral y la calidad democrática.
Un hartazgo que da lugar al voto forzado y desinformado, en el que el elector vota sin convicción ni conocimiento, con apatía o por manipulación, favoreciendo a dos fenómenos de la mala política o de la antidemocracia: el clientelismo y el populismo. Mientras el clientelismo moviliza votos a través de favores políticos a cambio de lealtades partidarias o ideológicas e intereses particulares, el populismo busca asegurar votos apelando a la emocionalidad del electorado y la polarización social. El sentimiento cívico convierte al voto en un instrumento de reacción más que de reflexión, donde las decisiones electorales se toman impulsadas por la frustración, el miedo o la esperanza.
Esta obligación de votar coloca también al ciudadano entre la encrucijada del voto por utilidad o el voto por castigo. El voto útil responde a una lógica en la que el ciudadano, ante un escenario de competencia cerrada, debe optar por la alternativa que mayores posibilidades de vencer tiene frente al candidato o partido que considera una amenaza; y el voto por castigo representa la manifestación directa de descontento o rechazo en la que el elector penaliza a un gobierno o un partido por su gestión política del presente o del pasado. Estas dos alternativas evidencian cómo el sufragio deja de ser una expresión genuina de preferencia política para convertirse en un mecanismo condicionado por el contexto electoral y la realidad política, donde el rechazo y la conveniencia determinan los límites de la voluntad democrática.
Lo que el voto es y lo que el voto debe ser nos desafía como sociedad a reivindicar el principio fundamental de la libertad política; que no puede y no debe limitarse a ser un simple trámite o una obligación impuesta con sanción electoral. Cada ciudadano representa un voto: una expresión auténtica de la voluntad popular, basada en la reflexión, la información y la libre elección. (O)
