No lo sugiero solamente por el paso extraoficial de los cortes programados de energía a los cortes no programados a nivel nacional. Mentira insostenible aquella de que el 20 de diciembre terminaban los racionamientos domiciliarios y se quedaban solo los apagones industriales.
Lo tenebroso de la actual esfera está en la desaparición forzada –en manos militares– de los adolescentes guayaquileños Josué, Ismael, Saúl y Steven; desaparición avalada por la presencia militar en las calles al tenor de un decreto de estado de excepción que debía fenecer en octubre, pero fue extendido hasta diciembre porque “… se ha registrado la detención de un número preocupante de menores de entre 12 y 17 años”, según informó la Policía Nacional.
Catorce días le tomó al presidente Noboa entender la gravedad del caso. O lo lapidario que estaba resultando para sus intenciones de reelección el permanecer mudo y a oscuras, dejando únicamente en manos de las redes y su frente de inseguridad las reacciones a la desbordante indignación ciudadana. Más tenebroso aún el que su ministro de Defensa haya politizado el tema justificando, en vísperas de Navidad, que el asunto se reducía a un tema de mafias e intereses políticos de la oposición. Sí, el mismo ministro que intentó dar lecciones públicas de arte y cultura en el bullado caso del Quito Fest y la banda Mugre Sur; ustedes ya saben.
Los chicos desaparecieron el 8 de diciembre en una detención arbitraria. Dos días después el planeta conmemoraría el aniversario de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 9 reza: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, artículo que tiene concordancia con los artículos 77, 86 y 89 de la Constitución del Ecuador.
Eventos similares, relacionados con desapariciones forzadas se han denunciado en Esmeraldas, Machala, Puerto Bolívar, Manta y Durán.
Pero si esto no espeluzna a los lectores, debemos sumarle un síntoma más al manejo de los organismos de represión de forma indiscriminada: lo denunciado días atrás por la jueza Nubia Vera, encargada de tramitar una acción de protección solicitada por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad –otra víctima de los excesos de este Gobierno con tufos dictatoriales–.
Según la jueza, tras dar su pronunciamiento –que fue a favor de la restitución de Abad a su cargo– denunció una serie de presiones de los titulares del Consejo de la Judicatura para que falle a favor de Noboa, es decir, de la suspensión de Abad de su cargo. Vera dijo –tras responsabilizar al Gobierno de eventuales reacciones en su contra o de sus hijos– que hasta la sentencia le entregaron en un pen drive, para sostener lo que la propia accionante, la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, no lo pudo hacer: suspender 150 días a la vicepresidenta. A la final terminaron por hacer todo lo que ellos juzgaron en gobiernos anteriores.
Poco tiempo le queda al Gobierno para desmarcarse de lo que parece una clara política de Estado: intervención, coacción, violación de derechos, inconstitucionalidades. Quizá es ya demasiado tarde. (O)
