Según las declaraciones de funcionarios del gobierno del presidente Daniel Noboa, no se pondrá en marcha un procedimiento para sustituir la vigente constitución correísta de Montecristi por una nueva carta magna, más acorde con los tiempos, con los principios republicanos y con las lecciones que deja la pésima experiencia de la aplicación de semejante mamotreto. Tendremos que soportar, quién sabe por cuántos años más, ese mal redactado y pedante fárrago que un grupo de académicos españoles, con pujos de ingenieros sociales, dictó a una mayoría obsecuente en la constituyente de 2007. Nacida del golpe de Estado “de los manteles”, su espurio origen fue muy parecido al de anteriores leyes fundamentales.
El bando de los “buenos”, es decir de aquellos que en las últimas décadas han defendido la libertad, el Estado de derecho y las instituciones republicanas, se dividió. Hay un sector compuesto por personas de quilates intelectuales y morales, a quienes admiro y aprecio, que ante la innegable necesidad de mejorar algunas disposiciones absurdas, proponen hacerlo a través del sistema de reformas y enmiendas parciales previsto en ese mismo texto. Por otro lado, está un significativo número de entendidos y gente bien informada, con sólidas credenciales éticas, que apoya la idea de convocar a un cuerpo legislador ad hoc que dicte una constitución nueva de pe a pa. En esta columna he manifestado varias veces que esta segunda vía parece mejor.
Por eso, a pesar de la desilusión que han provocado los anuncios de los personeros del régimen, vale insistir en la idea del cambio de constitución. No es verdad que hayamos tenido veinte o más de estas leyes supremas, hubo tres o cuatro modelos básicos a los que se les hicieron pequeñas modificaciones en pomposas asambleas “constituyentes”. Tampoco el Ecuador se atrasó por tener muchas constituciones, sino que tuvo muchas constituciones porque es una nación estructuralmente atrasada. Esta grave deficiencia exige que el nuevo marco legal haga una transformación radical e imponga una ley fundamental que ayude a la creación de un país basado en los conceptos de libertad política y económica, de democracia e imperio de la ley; abierto al mundo y al desarrollo tecnológico.
Si se envía a la Asamblea un paquete demasiado grande de “reformas”, es muy posible que se produzca un colapso legislativo, porque los asambleístas no podrán hacer su labor normativa y fiscalizadora ordinaria, al mismo tiempo que tramitan los cambios constitucionales, que requieren de un procedimiento mañosamente complicado. Una convención adecuadamente concebida podría con tranquilidad y diligencia concretarse a diseñar las vigas maestras del renacido país, que eso es lo que debe ser una constitución. ¿Que ese congreso puede terminar copado por los aliados de la mafia? Claro, si los grupos democráticos y las mejores personas no se involucran a fondo, si no deciden de una vez ya hacer política en el más alto sentido y van a contemplar cómo venales y mediocres entran a saco, seguro ocurrirá así. Debería darles vergüenza plantear siquiera esto como argumento. Quien no lucha merece el destino que tiene. (O)