México no utilizará el asilo político, ofrecido el 4 de enero de 2021, para proteger a Julian Assange, pues un acuerdo de culpabilidad puso fin al proceso de extradición y juicio penal del fundador de WikiLeaks por violar la Ley de Espionaje de los Estados Unidos. Una trama judicial que duró más de una década de persecución y en la que se instrumentó la figura jurídica del asilo para evadir a la justicia y movilizar al activismo social y mediático en defensa a la libertad de expresión.
Assange: culpable pero libre. Acusado de 17 delitos contra la Ley de Espionaje, recibió y filtró más de 250.000 documentos militares y diplomáticos clasificados del Sistema Nacional de Defensa estadounidense, relacionados principalmente con las guerras en Irak y Afganistán, enfrentaba una pena máxima de 175 años de prisión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló que “Assange conspiró a sabiendas e ilegalmente para obtener y divulgar información clasificada, poniendo en riesgo a fuentes, ciudadanos y la seguridad nacional con documentos que perjudicaban a los EE. UU. y sus aliados y ayudaban a sus adversarios”. Al negociar su culpabilidad, Assange admitió haber violado uno solo de estos delitos de espionaje, que conllevaba una pena máxima de 10 años de prisión; sin embargo, la Fiscalía recomendó una condena de 62 meses, que se dio por cumplida al haber estado cinco años en una cárcel de alta seguridad británica.
Assange: libre pero culpable. Amparado en la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU., que protege las libertades fundamentales, entre ellas, la libertad de palabra y prensa, es decir, la libertad de expresión e información, Assange argumentaba que actuó como editor y periodista protegiendo el derecho a publicar información de interés público. La Fiscalía sostuvo que la Primera Enmienda tiene límites al tratarse de la seguridad nacional y actividades que constituyen delitos graves como el espionaje. Assange, al declararse culpable de espionaje, admitió que su conducta provocó afectación no legítima a los límites del derecho a la libertad de expresión e información y la libertad de prensa, un agravio a las justas exigencias del orden público y a la convivencia pacífica y estable en una sociedad democrática.
En esta trama judicial, Assange instrumentó la figura jurídica del asilo político para refugiarse legalmente en la Embajada del Ecuador en Londres, donde permaneció confinado siete años, convirtiendo al Ecuador en su autoencierro anticipado. Esta situación que Assange vivió durante su asilo político y posterior detención significaron doce años de libertad coartada, una condena prácticamente cumplida que cierra un ciclo de justicia con altos costos políticos y diplomáticos.
Durante este tiempo, Assange movilizó al activismo social y mediático en torno a su personalidad y su causa: el derecho de las personas a saber. Hoy este activismo se debate entre el sentimiento de alivio parcial y al mismo tiempo de desilusión e indignación, pues un acuerdo de culpabilidad no es otra cosa que una negociación de intereses políticos y personales, más que de intereses universales. (O)
