El país debería abrir los ojos sobre lo que hace la mayoría de los políticos y asambleístas y castigar en las urnas por sus amarres y por anteponer el juego de sus intereses. No se puede confiar en sus acciones porque aprueban con “ingenuidad”, algo no creíble en política, o son cómplices de un ambiente de inestabilidad e impunidad que buscan desde hace años.
Primero, la toma del CPCCS, que nombra a los organismos de control; luego, dirigir y controlar el Consejo de la Judicatura y meterle mano a la justicia, lo que quedó al descubierto con tantos casos: Metástasis, Purga, Plaga, Las Torres, Pantalla, obstrucción de la justicia, Independencia Judicial, Reconstrucción de Manabí y tantos otros más. Cuántos de esos operadores están en la cárcel y otros prófugos.
Hace poco la Asamblea acaba de aprobar mayoritariamente la terna propuesta por quienes trabajan por las causas de la impunidad, con el objeto de integrar la Corte Constitucional, dentro del proceso de renovación parcial de tres magistrados a comienzos del próximo año. Hubo 101 votos afirmativos de RC, PSC, el bloque de Gobierno y famosos “independientes”, que resultan un fiasco. Cómo se puede entender esta mezcla; hace poco se decía de todo cuando los primeros le llevaban a juicio político a una ministra.
Los protagonistas rechazan que haya pacto, pero los hechos demuestran que hubo acuerdo para nombrar una terna cuestionada y dos días después, con los mismos votos, se concreta la entrega de la primera vicepresidencia de la Asamblea, que en la práctica dirigirá la legislatura durante la campaña electoral por la salida de su titular.
Cómplices que pretenden desentenderse del escenario que buscan la revisión de sentencias o se declare su nulidad y si la Fiscalía apela y presenta el recurso extraordinario de protección ante la CC, contarían con jueces constitucionales a favor de esa causa.
En la terna consta un personaje que abiertamente ha trabajado de manera permanente, con enemistad manifiesta, contra la tarea valiente que ha desarrollado la fiscal general en el combate contra los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica y que ha perseguido la corrupción.
Incluso, por su persecución y maltrato a la fiscal, recibió en su contra y de otros una sentencia de primera instancia en el Tribunal Contencioso Electoral, que declaró responsables de violencia política de género por la serie de agresiones directas e indirectas permanentes, orientadas a descalificar, desacreditar y obstaculizar el ejercicio de las funciones de la máxima autoridad del Ministerio Público. Se dispuso que le pidan disculpas públicas, que paguen una multa, la suspensión de sus derechos políticos y que acudan al centro Las Manuelas para recibir 40 horas de formación de “sensibilización contra la violencia política de género”.
Sin embargo, como las instituciones funcionan a medias y mal, esta causa por apelación está en segunda y definitiva instancia, pero detenida por la presentación de recusaciones a los jueces y una excusa, lo que debiera conocer pronto el pleno del TCE. Empero, los plazos se suspenden cuando hay recusaciones o excusas, pero al final, el pleno debe resolver pronto esto. Ojalá no estén haciendo cálculos políticos electorales. (O)
