Ecuador y EE. UU. firmaron un acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), estableciendo condiciones para la presencia militar estadounidense en territorio ecuatoriano. Este acuerdo confiere diversos privilegios relacionados con el porte de armas, inmunidad y jurisdicción penal exclusiva sobre su personal, exención de impuestos, entre otros. En enero de 2024, el presidente Noboa anunció la declaración de conflicto armado interno y la necesidad de apoyo extranjero para combatir a los grupos de delincuencia organizada en Ecuador.
La Constitución otorga al presidente la facultad de suscribir tratados internacionales, excepto aquellos que aborden asuntos que requieran la aprobación previa de la Asamblea Nacional, como es el caso de “acuerdos que establezcan alianzas políticas o militares”. Sin embargo, la Corte Constitucional, máximo intérprete de la Carta Magna, de manera indescifrable, ha determinado en su dictamen n.° 10-23-TI/24, que el SOFA en cuestión no requiere aprobación legislativa. Esto, a pesar de que el acuerdo aborda la presencia de militares estadounidenses en suelo ecuatoriano en el contexto actual de “conflicto armado interno”, generando diversas interpretaciones legales. Esto obliga a recordar instancias en las que los denominados SOFA generaron tensiones y desafíos legales.
En Okinawa, Japón, la preocupación sobre los SOFA fue exacerbadas por casos de violación, siendo el más conocido uno que ocurrió en 1995. Las disposiciones de este, incluida la jurisdicción limitada de Japón sobre el personal militar, han alimentado la indignación pública, dando lugar a llamados para una revisión completa del acuerdo.
Publicidad
En 2002 en Corea del Sur un vehículo blindado del Ejército de los EE. UU., que regresaba a la base por una carretera pública después de maniobras de entrenamiento, impactó y mató a dos estudiantes surcoreanas de 14 años. Los soldados estadounidenses involucrados fueron declarados ‘no culpables’ de homicidio negligente en el tribunal militar, lo que avivó aún más el sentimiento antiestadounidense en Corea del Sur y desencadenó una serie de protestas por las muertes de las menores. Entonces, ¿cómo se garantiza la rendición de cuentas por incidentes graves?
Los casos aludidos ilustran los riesgos inherentes a los SOFA, desde problemas jurisdiccionales hasta rendición de cuentas. Con los eventos recientes en Ecuador, nadie duda de la necesidad de la cooperación internacional en el combate del crimen organizado. Sin embargo, tanto el SOFA como la presencia militar estadounidense plantean una serie de incógnitas que demandan un análisis profundo para comprender la magnitud del tema. La historia nos advierte sobre la importancia de encontrar el equilibrio entre la seguridad, la justicia y la soberanía. La clave radica en abordar estas preocupaciones durante las negociaciones y en la capacidad de adaptar estos acuerdos a las circunstancias internas. La diplomacia se vuelve esencial para evitar que estos acuerdos se conviertan en fuentes de tensiones internacionales. (O)
René José Betancourt Cuadrado, abogado internacionalista, Quito
