Las empresas productivas del Estado, como las eléctricas, las telefónicas, etc., son propiedad del pueblo y no del Gobierno de turno, el cual es solamente el administrador, por lo que se debe legislar en el sentido de que no puedan ser privatizadas ni vendidas sin la autorización del pueblo, mediante consulta popular.
Las empresas del Estado que prestan servicio directo a la población no persiguen utilidades, por lo cual el costo del servicio es barato. En cambio, si las privatizan, dichas empresas persiguirán grandes ganancias, lo cual hará que el costo del servicio deje de estar al alcance de muchas familias de escasos recursos. El gobernante de Ecuador, si tuviera vocación de servicio al pueblo ecuatoriano de las clases media y pobre, debería destinar, por ejemplo, las ganancias millonarias que producen ciertos patrimonios del pueblo (bancos del Estado, etc.) para mejorar las pensiones de miles de jubilados que perciben una mensualidad inferior a $ 300, que no deberían ser más bajas que un sueldo básico. Una multitud de jubilados, por diversos motivos, viven solos, no tienen cómo atender su salud y se mueren antes de tiempo por la escasez de medios de subsistencia. Es oportuno señalar que la solución para que las empresas estatales no sean objeto de irregularidades es que realicen a cada una auditorías externas a cargo de una firma de auditores independientes, y mantener informados a sus propietarios, en este caso al pueblo, por publicación en los diarios del país, de todo lo concerniente a las empresas.
En Ecuador hay muchas empresas cuyos accionistas residen en el exterior, quienes están permanentemente informados por auditores externos de la situación de las compañías. Cuando una empresa tiene auditores externos, el personal se cuida de cometer irregularidades porque difícilmente dejan de ser detectadas. Compañías o firmas de auditores independientes hay muchas a nivel mundial. (O)
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Carlos Garcés Montiel, Guayaquil
