Si los ecuatorianos estamos pensando que Estados Unidos va a limpiar al Ecuador de la delincuencia y el crimen organizado, somos ingenuos porque cierta narcopolítica se adelantó; ha maniatado al país con la Constitución de Montecristi, cualquier consulta de temas de interés nacional no se la puede hacer si contradice a la carta magna.
Con esta Constitución no vamos a tener paz. Retiraron la Base militar de Manta, no se puede deportar a los delincuentes, la policía no los puede tocar, no les pueden disparar, los delincuentes participan en democracia, votan; jueces tienen un abanico de opciones para liberarlos; no van a la cárcel. Los corruptos pueden ejercer la función pública con grillete electrónico esperando una sentencia que nunca llegará y sus delitos prescribirán, si van a la cárcel están poco tiempo y nunca van a devolver lo que robaron.
Los estados de excepción por la delincuencia han sido un fracaso porque no pararon las muertes, y si hubo 29 muertes menos y dicen que fue el 8 % menos, es que murieron 362 personas; ¿esto es un éxito? En El Salvador el resultado fue cero. El dilema del presidente ecuatoriano son los derechos humanos de quién van a respetar, ¿los del delincuente o los derechos de las 362 personas que murieron en el estado de excepción? (O)
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Juan Antonio Orús Guerra, arquitecto, Guayaquil
