La migración es uno de los fenómenos sociales más significativos del siglo XXI, impulsados por factores económicos, sociales y políticos. En América Latina, Ecuador es un país que ha experimentado un alto índice de emigración hacia Estados Unidos, particularmente desde provincias como Cañar, Azuay, Carchi y El Oro. Estas regiones enfrentan el impacto de políticas migratorias cada vez más restrictivas, como las promovidas por Donald Trump, posesionado nuevamente como presidente de los Estados Unidos.
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Ecuador mantiene una larga historia de migración, marcada por oleadas significativas a partir de los años 80 debido a la crisis económica y bancaria. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), más de 1 millón de ecuatorianos residen fuera del país, y Estados Unidos es el principal destino. La provincia del Cañar es emblemática en este fenómeno, pues su población ha decrecido drásticamente, impactando negativamente en sectores como el comercio y la construcción. En 2024, un informe del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) señaló que parte de los hogares en la provincia del Cañar depende de las remesas enviadas desde el extranjero, lo que subraya la relevancia económica de los migrantes.
Durante su primer mandato, Donald Trump impulsó políticas migratorias altamente prohibitivas, y en este nuevo periodo presidencial ha intensificado su retórica contra los migrantes. Los ha descrito como una amenaza para la sociedad estadounidense, empleando términos despectivos como “asesinos” y “salvajes”. Estas declaraciones generan incertidumbre entre los migrantes ecuatorianos residentes en Estados Unidos y desalientan a los jóvenes que pretenden emigrar en busca de mejores oportunidades. Trump ha propuesto declarar el “estado de emergencia nacional” y recurrir al ejército para realizar deportaciones masivas, lo que podría resultar en la mayor expulsión de migrantes en la historia de los Estados Unidos. Según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), la administración de Joe Biden realizó más de 4,4 millones de expulsiones, superando incluso a Trump en su primer mandato. Estos datos revelan que la política migratoria restrictiva es un “enfoque de Estado” que trasciende administraciones y amenaza con intensificarse.
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Una deportación masiva de ecuatorianos tendría graves repercusiones sociales y económicas. Actualmente, las remesas representan más del 3 % del PIB de Ecuador, según el Banco Central del Ecuador. En 2023, estas alcanzaron los 4.500 millones de dólares, siendo una fuente vital de ingresos para miles de familias. Una disminución abrupta de estas transferencias afectaría el consumo interno y agravaría la pobreza en zonas rurales. En el ámbito laboral, el regreso forzoso de miles de ecuatorianos incrementaría el desempleo que en 2024 se situaba en un preocupante 5,8 %, según el INEC. Este impacto sería especialmente severo en las provincias de alta migración, donde la economía local ya enfrenta desafíos estructurales.
Es imperativo que las autoridades ecuatorianas y la comunidad internacional trabajen conjuntamente para proteger los derechos de los migrantes y buscar soluciones sostenibles que permitan abordar las causas estructurales de la migración. Solo con una estrategia integral será posible enfrentar los retos de estas políticas. (O)
Eugenio Morocho Quinteros, arquitecto, Azogues
