Ecuador debe prohibir la explotación minera –sin dudarlo en páramos, que son nuestras esponjas de agua– como lo hiciera Colombia, a través de un dictamen de la Corte Constitucional. El ejemplo del proceso seguido por la minera interesada en obtener la licencia para poder emprender la explotación en Loma Larga, que ha sido observado con claridad y firmeza por la Empresa Municipal Etapa EP, debe llevar a concienciar a Ecuador no solo en esta etapa crítica que precisamos del recurso vital, sino a futuro por la estabilidad hidrológica del país y de nuestros ecosistemas en general, por la afectación del agua para consumo humano por los ‘índices de nitrato’, etc., pero además por las toneladas de materiales de desechos, con metales pesados y arsénico que no tienen un fin seguro.
La mediocridad y el asombro en la Asamblea
Ecuador puede salvarse si el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, conducido por la ministra Inés Manzano, que dirige provisionalmente también el Ministerio de Energía y Minas, acata la recomendación y detiene este proyecto. Bien por este valiente informe del Municipio de Cuenca, que ha sido con excelente comunicación debidamente transparentado, que promoverá que se eleve ante la Corte Constitucional la demanda para sentar un precedente y salvar a nuestro país de una explotación salvaje que podría, en efecto, conducirnos ‘al suicidio’ por falta de agua y más daños ambientales, sociales y afectaciones a la salud. La Asamblea Nacional debe evaluar el catastro minero que impulsa el actual Gobierno, que debería ayudar a parar la explotación minera ilegal, y el país evaluar si queremos entregar nuestras tierras a una despiadada explotación de nuestros suelos e inmediata afectación a nuestro líquido vital, o evaluar si el propio Estado, como lo han hecho en Chile con Codelco, empresa que es 100 % de propiedad del Estado chileno y primer productor mundial de cobre, puede presentar, después de algunos años, y con todas las consultas previas y consentimientos, proyectos veraces para bien de la comunidad afectada y de todo el país.
Una oportunidad para mejorar nuestra economía –incluyendo la generación de empleo– sería revitalizar, incluso con inversión privada, la producción petrolera sin explotación con ‘estimulación hidráulica’ –conocida como fracking– que de igual manera contaminaría más nuestras aguas superficiales y subterráneas.
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El caso minero merece un tratamiento de política pública diferente, como el país acaba de colegir. Además, para el caso de Loma Larga, ya Cuenca se pronunció en consulta popular con un sí para la prohibición de actividades mineras. (O)
Diego Fabián Valdivieso Anda, economista, Quito
