La necesidad de recursos fiscales para el Gobierno es evidente y se acrecienta con la baja en la recaudación tributaria evidenciada en estos últimos meses por la crisis energética e inseguridad.
Nuevamente desde el Ejecutivo de turno se presenta un proyecto de ley para generar recursos al fisco, llamado Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las generaciones en Ecuador. Entre los diversos aspectos que plantea, hay uno referente a las instituciones de educación superior particular en el que se argumenta, según el Gobierno, existe una creciente comercialización respecto al servicio académico que se oferta, en especial los programas de posgrado.
El precio de un bien o servicio se fija a base de los recursos que se usen en desarrollarlo, en este caso brindar un programa educativo considera docentes, infraestructura, tecnologías, etc., que lleva a determinar el precio bajo el cual se ofrecerá. Ante la competencia, la innovación es un factor fundamental, y por ello las instituciones incorporan en su claustro a docentes extranjeros, simuladores, plataformas y nuevos espacios de aprendizaje para generar una experiencia única, lo que conlleva una inversión más alta en la operación. Pensar únicamente en que por un precio mayor se está comercializando la educación es una visión limitada y ante esa situación sacar del listado de exoneración del impuesto a la renta, planteando una tarifa de entre 1 % y 2 % sobre los ingresos brutos, atenta contra el propósito de las instituciones.
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Universidades privadas pagarán impuesto a la renta que irá de 1 % al 2 %
De aprobarse esta Ley, las repercusiones serán mayores al generar limitantes de acceso a los futuros postulantes, encarecimiento del servicio académico, reducción de inversiones, entre otras consecuencias que restarán competitividad a estas instituciones particulares. (O)
Jorge Calderón Salazar, analista económico, Guayaquil
