En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica informó el pasado 9 de octubre que el expresidente Rafael Correa Delgado, el exvicepresidente Jorge Glas Espinel y sus familias no son elegibles para la visa estadounidense por haber sido funcionarios corruptos.
Este comunicado se da días después de la rectificación de la sentencia al excontralor general del Estado Carlos Pólit Faggioni: la Corte del Distrito Sur de la Florida lo condenó a 10 años de prisión y ordenó el decomiso de 16,5 millones de dólares por el delito de lavado de activos, de dinero proveniente de casos de corrupción ocurridos en Ecuador, donde también fue sentenciado por un tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, de la cual yo era miembro, con una condena de 6 años de cárcel y el pago de $40,4 millones de reparación económica al Estado.
El relato del expresidente de la República Rafael Correa Delgado, que ha mantenido los últimos años sobre la sentencia a ocho años de prisión dictada en abril de 2020 por el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, en el denominado caso Sobornos, donde él y varios miembros de su Gobierno fueron sentenciados, sostiene que esa sentencia es una muestra de la “persecución política de la que él y su Gobierno son víctimas” (lawfare). El otro argumento es que a él se lo sentenció por “influjo psíquico”, buscando victimizarse y ocultar su responsabilidad en los delitos cometidos.
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El relato de Correa es falso, de falsedad absoluta. A Rafael Correa Delgado lo sentenciamos por el delito de cohecho por ser el autor intelectual del delito; por lo tanto, no existe persecución política alguna, sino que se trata de una sentencia en firme y ejecutoriada apegada a la Constitución y la ley, fundamentada en el hecho probado en el juicio; esto es, que él lideró una estructura de corrupción para recibir sobornos, también conocida como Arroz Verde.
Lo único que hizo la justicia ecuatoriana es aplicar en estricto derecho la Constitución y la ley. Sentencié al expresidente Rafael Correa Delgado, al exvicepresidente Jorge Glas Espinel y al excontralor Carlos Pólit Faggioni por los delitos que ellos cometieron.
Los ecuatorianos merecen saber la verdad. Ellos no son perseguidos políticos. Rafael Correa es un prófugo de la justicia ecuatoriana. Es imperioso que los gobernantes hagan respetar a nivel nacional e internacional las decisiones adoptadas por la administración de justicia del Ecuador, que es un Estado soberano. Lo contrario es impunidad y riesgo para el Estado de derecho y la democracia. (O)
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Iván Saquicela Rodas, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Quito
