En 2008, el asambleísta constituyente consideró que la protección a los datos personales es un derecho fundamental. Aunque no fue hasta 2021 que la Asamblea emitió la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esto después que fuera noticia que bases de datos de los ecuatorianos eran vendidas en la deep web. Empero, ¿qué implica el tratamiento de nuestros datos?

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales todavía no se aplica en su totalidad, a pesar de estar vigente desde mayo de 2021

Para los usuarios, implica que, al otorgar información personal a algún ente, esta sea protegida a través de medios informáticos y políticas de privacidad. Para los responsables de tratamiento, estos datos son información que puede ser analizada en perfiles para una mejor clasificación de mercado. Lastimosamente, semanalmente somos víctimas del mal tratamiento de nuestros datos cuando nos llaman a ofrecernos productos o a contarnos que ganamos un premio. Así, cabe preguntarse, ¿quién trató indebidamente mis datos?

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No se debe culpar únicamente al responsable pues los usuarios, en ocasiones, al entregar sus datos, no leen los documentos de políticas de privacidad, y aceptan el tratamiento de sus datos de cierta forma, en ocasiones abusiva, siendo eso lo reprochable al responsable.

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Y, ¿cómo reclamamos ese mal tratamiento? En la ley mencionada se creó a la autoridad de protección de datos que, a la fecha, no existe. Cuando exista, deberá imponer las respectivas multas a los infractores. ¿Y si necesito demandar el tratamiento incorrecto o rectificar mis datos? Actualmente, existe la garantía jurisdiccional de habeas data, que permite reclamar sobre el mal tratamiento de datos o sobre la veracidad de los datos que reposan en una institución pública o privada. Resolviéndose únicamente sobre aquello, sin que pueda existir una sanción pecuniaria para el infractor o un resarcimiento al afectado.

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Así, es evidente que la protección de datos en Ecuador es un tema en pañales. Hasta que no exista una autoridad, no existirán directrices claras para que los usuarios puedan ejercer sus derechos plasmados en la ley y habrá, hasta ese entonces, personas que deberán someterse al sistema judicial para solucionar sus problemas relativos a sus datos personales. Y, potencialmente, continuaremos recibiendo llamadas para ofrecernos productos o contarnos que nos ganamos un concurso al cual jamás participamos. (O)

Herlinda Pincay Matute, abogada especialista en protección de datos, Guayaquil