Con lo que se ha revelado últimamente acerca de los contratos irregulares por los fotorradares que encierran un linaje de encubrimiento entre diversas sociedades, una cadena de empresas donde una encubre a la otra, ya no se puede negar que siempre hubo la intención de que nadie pueda saber quiénes eran los verdaderos beneficiarios de esos millonarios ingresos y eso solo puede ser si ellos mismos consideraban que hacían algo ilegal y querían evitar ser identificados para evadir la justicia.
Pero más allá de eso siempre hubo una inmoralidad mayor y es justamente una contradicción sistémica que posee la fotomulta, al entenderla uno descubre la verdadera solución para un control vehicular que no fabrica falsos positivos, que es el videorradar.
La alternativa es el videorradar y sus capacidades mismas demuestran lo contradictorio e inconstitucional que es el fotorradar, ya que no incluye un derecho a la defensa. Por ejemplo, la fotomulta que le llega a la ciudadanía por correo electrónico es solo una sentencia para pagar, mientras la videomulta envía un correo con un video de 10 segundos de antes y después del momento de la infracción como prueba, y si en el video se ve que hay cuatro vehículos y no es el receptor del correo quien comete la infracción, entonces puede devolver el mismo a modo de impugnación y así el operador de tránsito anula esa multa y se la envía a quien cometió la infracción, todo eso gracias a que el videorradar incluye la posibilidad de defensa.
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Al fotorradar hay que sacarle el dispositivo que toma fotos y poner en su lugar una cámara de seguridad básica que graba las 24 horas, de esa forma puede ser útil para incluso grabar delitos y a la vez no afectar la economía de las familias ecuatorianas.
Mientras exista el nivel de justicia criminal de nuestro país, solo habrá jueces o fiscales que “no entienden” las muchas razones contundentes por las que el fotorradar no debe seguir existiendo, ya que con ese mecanismo obsoleto se consiguen de los ecuatorianos muchos más millones de dólares de los que pueden conseguir con un videorradar; además de los ingresos de las multas reciben sus sueldos quienes laboran en la fiscalía de tránsito.
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Si Ecuador tuviera una Corte Constitucional seria, entonces el fotorradar ya no existiría, pues no podría sobrevivir a ningún debate ya que su funcionamiento es totalmente incompleto; me refiero a que en una impugnación no se puede tomar en cuenta la versión del fotorradar que no puede ni justificar decenas de casos donde han perdido juicios porque la otra parte pudo demostrar que ni siquiera recorría en tal lugar y hora de la fotomulta, por lo que siempre una fotomulta carecerá de veracidad y será dudosa y sobre todo inverificable para ser usada como un elemento de convicción ante un juez. Nunca se debió mantener ese mecanismo obsoleto con la función de detectar movimientos si tanto su detección como su sentencia corresponden a una instantánea.
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Innegablemente en un país con estado de derecho se consideraría terrorismo económico lo que hacen las mafias de esas instituciones. (O)
Omar Villegas Velasco, Guayaquil
