El pasado 19 de enero recibí, por primera vez en mi correo electrónico, una factura emitida a nombre de mi padre por la suma de $ 139,98. La primera planilla impaga se había originado un año antes, es decir, en el mes de enero del 2023, por un consumo residencial realizado en una casa ubicada en el recinto de Olón, provincia de Santa Elena. Para mí fue una sorpresa, debido a que mi padre falleció el 29 de enero del 2021 por una enfermedad catastrófica.
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La casa donde se encuentra este medidor fue vendida el 15 de noviembre del 2019, mediante una escritura pública de compraventa suscrita en una notaría en Santa Elena. Al final de la cláusula séptima consta que el comprador se comprometía a realizar los cambios de beneficiario de los respectivos medidores de agua y luz que sirven dicha propiedad. Esta novedad fue notificada a la CNEL-Santa Elena en dicha época.
Resido en Guayaquil y acudí el 7 febrero a la oficina de atención al cliente de CNEL en La Libertad, portando la partida de defunción de mi padre y una copia de la escritura pública, a fin de que cualquier consumo sea facturado a nombre del dueño actual de esa casa. Me sorprendió la actitud del empleado que me atendió, quien se negó a aceptar la documentación y me advirtió que la planilla a nombre de mi progenitor se seguiría emitiendo y los valores aumentarían en igual forma.
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Resulta sorprendente la actitud de los empleados de esta empresa, ya que sus sistemas están conectados con los del Registro Civil. Es decir, los datos del fallecimiento de mi padre son públicos y ellos manejan dicha información.
El buen ladrón y el mal ladrón
Solicito a alguna autoridad de CNEL que el medidor de luz de dicha casa sea retirado a la brevedad posible y se proceda a dar de baja la deuda que mantiene mi fallecido padre, ya que, como queda demostrado, nada tiene él que ver con este consumo. (O)
José Luis Ponce Núñez, sacerdote, Guayaquil.
