Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) levantaron las alarmas sobre la verdadera intención de esta, que en principio fueron concebidas para fortalecer el sistema de justicia en la línea de endurecimiento de penas y tipificación de nuevos delitos relacionado con el narcoterrorismo y otras conductas punitivas reñida con la ética y la moral pública. Con estos considerandos, en el pleno de la Asamblea Nacional se inició el debate donde la Comisión de Justicia logró la aprobación del informe con el apoyo de la mayoría de los miembros de esta, el que pasó para el segundo debate y conocimiento del pleno para aprobación.
Para este momento la sociedad civil había levantado la voz de denuncia y rechazo al contenido de las reformas. Academia, profesionales, colegios de abogados y medios de comunicación concluían que las reformas al COIP llevaban en su vientre pecados capitales, como agenda de impunidad, metedura de mano de la política a la justicia y prevalencia de la justicia indígena sobre la justicia ordinaria, poniendo en serio riesgo el ordenamiento jurídico y ruptura de la estructura del estado de derecho.
De la Asamblea y sus entramados
Estamos conscientes que como sociedad vivimos en un Estado de terror sometido al miedo y la inmovilidad, desesperado por el creciente nivel de criminalidad, pero no permitiremos que ese sentimiento sea manipulado con fines protervos, que responden a agendas de impunidad, intereses de bloques políticos y grupos de poder. Mantener la resistencia social para evitar que se instaure el terrorismo penal, la impunidad y la politización de la justicia, es la causa que levantamos para preservar el estado de derecho, el sistema constituido y los valores de la democracia. (O)
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Stalin Poveda Granoble, sociólogo, Guayaquil
